En medio del aumento de “ejecuciones selectivas” a manos de “paramilitares” denunciadas por campesinos del norte del país, el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, desconoció la existencia de grupos de civiles armados, que han operado de forma conjunta con la Policía, al margen de la ley, desde abril de 2018 para reprimir de forma violenta la protesta cívica.
“Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, dijo rotundo el general Avilés en una conferencia de prensa este miércoles ante medios oficialistas. Es la primera vez que el Ejército se refiere a los paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de un sinnúmero de críticas por la inacción de la institución castrense para desarmar a estos grupos, tal como le manda la Constitución Política-
“Ese es un concepto como el paramilitarismo en Colombia, conocido ampliamente por todos, que surgen por estructuras económicas, por intereses económicos o políticos, que organizan fuerzas como las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Colombia, ese término es utilizado por algunos medios, mirábamos nosotros que, al utilizar el término, paramilitar o militarización, es un enfoque equivocado de las funciones que nosotros estamos realizando”, alegó Avilés.
Los grupos paramilitares surgieron después de las protestas de abril, durante los meses de junio y julio, cuando el régimen organizó la llamada “Operación Limpieza” para desmontar los tranques y barricadas rebeldes en todo el país. Los grupos paramilitares se coordinaron con las tropas de operaciones especiales de la policía, para masacrar los barrios de las ciudades de Masaya y Carazo.
El primer ataque ejecutado por los grupos paramilitares, que registraron los medios de comunicación, fue el 11 de junio. Ese día los “escuadrones de la muerte” salieron por la mañana a derribar las barricadas que pobladores de los barrios orientales habían ubicado en las pistas principales de la capital. Andaban acompañados por agentes de la Policía y trabajadores de la Alcaldía de Managua, quienes con maquinaria pesada despejaron la vía del barrio El Edén.
Desde la aparición de estos grupos —que portaban todo un arsenal de muerte: fusiles AK-74, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, y rifles M16—, al Ejército se le exigió cumplir el artículo 95 de la Constitución política de la República de Nicaragua. La disposición claramente afirma: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley”. Sin embargo, la comandancia general hizo caso omiso a su obligación constitucional de desarmar estos grupos, y ahora terminó negando la existencia de ellos.
Avilés justificó la pasividad del Ejército argumentando que en el contexto de la crisis el papel se centró en “brindar protección a hospitales, el Aeropuerto Internacional de Managua y la red de telecomunicaciones del país.”
Aunque el jefe del Ejército negó la existencia de los paramilitares, no logró desmentir las abundantes pruebas de sus crímenes. No solo lo han documentado organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, investigaciones periodísticas, videos y fotografías ciudadanas sino que los mismos paramilitares han exhibido con desparpajo sus armas y sus andanzas en las redes sociales.
Con estas declaraciones, Avilés se alinea a la postura del régimen Ortega-Murillo que primero negó a los paramilitares que asesinan gritando la consigna de “el comandante se queda”, y luego los oficializó “como policías voluntarios”.
Avilés alegó que el Ejército ha sido víctima de una “ brutal campaña de desprestigio”, así como la dictadura afirma que fue víctima de “un intento golpe de Estado”, pese a las pruebas que le achacan la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Nosotros sabemos quiénes están detrás de eso (campaña de desprestigio)”, dijo Avilés, cuya Dirección de Inteligencia también ha sido señalada de realizar espionaje político violando, de nueva cuenta, la Constitución Política. “Esas personas no van a hacer cambiar nuestras decisiones, esas personas no nos van a hacer tomar el camino equivocado”, agregó el jefe militar.
“Paramilitares con entrenamiento militar”
Los paramilitares son acusados también de cometer crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el asesinato del monaguillo Sandor Dolmus en la ciudad de León. Estos grupos armados son coordinados por la policía y las estructuras del Frente Sandinista. En la actualidad, los paramilitares han desatado una persecución selectiva en las zonas rurales norte de Nicaragua, adonde se han reportado 14 ejecuciones atroces de campesinos.
Durante las protestas contra el Gobierno de Ortega, al menos 325 nicaragüenses fueron asesinados, la mayoría a manos de la Policía y fuerzas de choque afines al Gobierno o paramilitares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La población sostiene que los paramilitares y policías les atacaron con armas de guerra. Un exsoldado del comando de Operaciones Especiales del Ejército, de seudónimo “Francisco”, que se involucró en las protestas antigubernamentales en Jinotepe, asegura que quienes les atacaron tenían entrenamiento militar.
“En el momento que nosotros nos encontramos en la Calle 4, en una de las barricadas de Jinotepe, yo estoy viendo por una rendija de uno de los adoquines, y veo que una persona, alta, robusta, morena, viene en una manera de avance, encorvado, que eso solo se usa en técnicas de combate urbano, y solo lo maneja una persona que tiene, seis meses, ocho meses, o años de estar entrenando en lo mismo”, afirma “Francisco”.
“Armamento exclusivo del Ejército”
El Ejército ha negado que sus tropas y su armamento hayan tenido que ver en la represión contra la población, pero según el mayor en retiro Roberto Samcam, muchas de las armas de guerra que se usaron en la represión contra Diriamba y Jinotepe, eran armamento militar solo en poder de las fuerzas castrenses.
“En Carazo, se ve por primera vez la aparición de lanzacohetes RPG-7, ese es de uso exclusivo del Ejército. Ni la Policía ni la DOEP, ni los Tapir, poseen ese armamento. El fusil Dragunov es de uso exclusivo del Ejército, aunque las fuerzas especiales de la Policía tienen, podría haber un máximo de 10 o 15 Dragunov en manos de los Tapir, la cantidad que había era impresionante”, asegura el militar retirado, exiliado en Costa Rica.
“La ametralladora PKM —continúa— es de uso exclusivo del Ejército, la ametralladora liviana RPK no es de uso de la Policía, el AK-47 sí también lo posee la Policía, se vieron lanzacohetes M-79HK, que son remanentes de los años 80 capturados a la contra. Eso está, o estaba, en los almacenes del Comando de Operaciones Especiales (COE) del Ejército. Se vieron fusiles Catatumbos venezolanos producidos por industrias Cabin, que por primera vez se miraba, me atrevo a decir, en Centroamérica”, dijo.
Durante los primeros días de la represión de las protestas, sobre todo en la zona norte del país, las redes sociales se inundaron de fotos y videos de paramilitares reprimiendo con M-16 al hombro. Esas armas “son remanentes de los años ochenta y estaban en las bodegas del Ejército, aparece el FAL que estaba en resguardo del Ejercito, aparece el M-79, el lanzagranadas propiedad del Ejercito”, agregó.
“Hay un fusil que aparece en escena, un M-24, un fusil de francotirador. Ese fusil era el que estaban usando como entrenamiento los gringos que capacitaron a los francotiradores del COE. Cuando rompe relaciones Ortega con la oficina de drogas de Estados Unidos, y salen los instructores, dejan esos fusiles de entrenamiento. El primero aparece, recuerdo en una foto de un policía en el barrio El Edén (Managua), pero luego aparecen masivamente por todos lados. Este es un fusil de entrenamiento letal y aparece en estas operaciones”, precisó Samcam.
Cajina: “No hay evidencias”
Sin embargo, el experto en defensa y seguridad, Roberto Cajina considera que no hay evidencia comprobable que pruebe que el Ejército se inmiscuyó en los crímenes de lesa humanidad por los que sí se señala a la Policía y paramilitares.
“No se han mostrado pruebas sobre esto. De hecho, circularon dos vídeos a raíz de la masacre del 30 de mayo del año pasado, evidentemente manipulados”, enfatizó.
En vez de ello, Cajina apunta a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), que también tiene el tipo de armamento visto en las calles, por el que se sindica al Ejército: fusiles Dragunov, ametralladoras PKM, lanzagranadas, y una gran cantidad de otro tipo de armamento.
“El Ejército sigue en la posición de no involucrarse directamente en el conflicto, sin embargo, el hecho que no se haya involucrado directamente en la masacre… no es un buen récord” para ellos, analizó.
Según Cajina, la actitud del Ejército se explica por la necesidad de cumplir dos objetivos estratégicos: sobrevivir como institución, y preservar sus intereses multimillonarios invertidos en Estados Unidos.
“Esa estrategia de silencio no le beneficia, porque ha hecho llamados al diálogo, pero no ha habido una condena específica de parte de las autoridades militares hacia la masacre”. El Ejército se encuentra “en una especie de ‘suspensión animada’, y es un laberinto del que tiene que buscar cómo salir”, sentenció.
Esa falta de acción para enfrentar a estos armados, contrasta con la iniciativa mostrada por la entidad castrense al enfrentar a grupos de zonas rurales que se rearmaron por razones políticas, y fueron combatidos y desarmados, sin que se reportara un solo herido en combate… porque todos resultaban muertos.
Con información de El Confidencial de Nicaragua
