El Arco Minero del Orinoco se encuentra en Venezuela junto al Amazonía y dentro del Escudo Guayanés que es la zona geológica más antigua del planeta, y donde está a su vez el Parque Nacional Canaima, patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco. Es un territorio más grande que Países Bajos o Suiza y es el escenario de uno de los más escandaloso crímenes ecológicos que se está cometiendo actualmente en el mundo, producto de la extracción masiva e indiscriminada de recursos minerales como oro, diamante, hierro, cobre, bauxita, coltán, entre otros.
A partir de 2016 por orden del dictador Maduro se han deforestado más de once mil kilómetros cuadrados, destruyendo el suelo, contaminando el agua y acabando con la biodiversidad de la zona, lo cual está ocasionando un daño irreversible al planeta. Dicha devastación ambiental genera además masacres a poblaciones enteras por control de las minas, trata de blanca, esclavitud, contrabando ilegal y presencia de grupos irregulares como el ELN, además de inducir un genocidio de etnias indígenas con la destrucción de su hábitat y generación de epidemias mortales como la malaria. Todo en esto en un territorio donde habitan 16 comunidades indígenas, 850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles.
El contrabando que genera esta actividad es realizado por mafias políticas, organizaciones guerrilleras y cuerpos militares que sacan la mercancía por río o vía aérea. Las primeras masacres por el control de las minas donde se acribillaron a decenas de mineros fueron negadas por las autoridades oficiales, hasta que un diputado de la zona, Américo De Grazia, se atrevió no solo a denunciarlas sino a documentarlas y comprobarlas mediante la comisión especial parlamentaria que presidió.
No es causalidad que dicho diputado se encuentre hoy exiliado en Italia luego de que le fue allanada su inmunidad parlamentaria y comenzara una persecución judicial precedida de amenazas verbales públicas de parte del propio Nicolás Maduro.
Por la misma razón la gobernación del estado donde se encuentra el Arco Minero le fue arrebatada mediante un fraude electoral sin precedentes a Andrés Velásquez, miembro del mismo partido del diputado De Grazia, La Causa R.
El caso es que luego de la destrucción de la industria petrolera por parte del régimen socialista, ahora la cúpula gobernante pretende sobrevivir mediante otra forma de rentismo, el minero, a costa de la destrucción del suelo y la contaminación de los principales ríos de una de las zonas de mayor biodiversidad mundial.
Recordemos que Venezuela, junto a otros siete países americanos, es uno de los países más megabiodiversos del planeta. Por tanto, es hora que se le ponga atención a este tipo de prácticas que junto al narcotráfico ocasionan daños ambientales irreversibles en una región de estratégica importancia para los objetivos que tienen que ver con la agenda del cambio climático y la sostenibilidad.
Recientemente, Maduro le regaló una mina a cada gobernador de su tendencia política, en una especie de federalismo minero que busca corromper ya a todo el país. Maduro cambia oro por apoyo político, a todos los niveles, incluyendo la guerrilla y los pranes. Es como una extraña versión del mito El Dorado, pero con sangre, muerte, corrupción, prostitución, enfermedades y un ecocidio que merece ser condenado mundialmente en el marco de la Conferencia de Cambio Climático que tiene lugar en Madrid. A menos que la doble moral ideológica también sirva para tapar crímenes ambientales de tal magnitud.
Si la señorita Greta pudiera navegar en su catamarán por el río Orinoco en Venezuela, pudiera ver a niñas de su edad prostituidas y esclavizadas que no tienen que esperar para ver su mundo acabarse. Esas niñas indígenas no son voceras del cambio climático sino mártires de un ecocidio combinado con genocidio que todavía se mantiene impune a nivel mundial, al punto que representantes de esas mafias mineras están brindando ahora con los ecologistas más reputados dentro de las paredes de la COP 25.
Vía – La Patilla
