El anuncio se dio este viernes en conferencia de prensa en Casa Presidencial, donde estuvieron presentes además del mandatario, los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, y de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido; el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, entidades bancarias y representantes de cámaras empresariales.
Alvarado indicó que son muchas las personas que reciben apenas ¢10 mil o ¢50 mil de salario o pensión, por sus altos niveles de endeudamiento. “En el Gobierno tenemos claro que este es un problema que afecta a miles de trabajadores públicos y privados. Por eso, trabajamos en acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de quienes tienen un alto nivel de endeudamiento, fortalecer el bienestar de las familias costarricenses y reactivar la economía”, dijo.
Por su parte, la ministra Garrido señaló que estas propuestas forman parte de los compromisos en materia de reactivación económica. “Pretendemos proteger en primer lugar, los bolsillos de las personas, pero también a sus familias y a las entidades crediticias que son igualmente afectadas por el sobreendeudamiento”, explicó la jerarca.
Según datos de la SUGEF, los niveles de endeudamiento de las familias están en cifras históricas. De junio de 2011 a junio de 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se ha duplicado, pasando de unos ¢4 millones 400 mil a ¢8 millones 500 mil. De cerca de 126 mil funcionarios públicos del Gobierno Central, más de 65 mil reciben menos de ¢190 mil al mes debido a las deudas que tienen.
Paralelamente, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional, el consumo privado real de los hogares se viene desacelerando desde el tercer trimestre de 2015. En ese trimestre crecía, de forma interanual, un 5,42%. En el segundo trimestre de 2019 creció un 1,43%. Según esa institución académica, los descensos en el Índice de Confianza del Consumidor están relacionados con el alto endeudamiento de los hogares que reduce la capacidad de consumo actual.
«Programa de salvamento para personas con sobreendeudamiento»
Se creará un programa de crédito de salvamento que se coordinará con los bancos estatales para beneficiar a personas físicas asalariadas. Consiste en crear una línea de crédito que reestructure las deudas de una persona, a una tasa atractiva y a un largo plazo para que las personas tengan un alivio económico y puedan hacer frente a sus obligaciones. Esto resultaría en una disminución en los índices de mora y daría mayor disponibilidad de efectivo a estos deudores.
Contempla que quienes se beneficien de este programa no podrán ser sujetos de otro crédito de consumo en el tanto no hayan amortizado al menos el 50% de saldo del principal o haya transcurrido un 50% del plazo del crédito de salvamento.
Para facilitar el pago, se debe autorizar a los patronos, tanto del sector público como privado, para que realicen la deducción de la cuota de las planillas salariales, con el fin de asegurar que honren su deuda, respetando el compromiso de dejar libre el salario mínimo.
El crédito de salvamento se identificará con un código especial en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras, con el fin de que las demás entidades de crédito tengan conocimiento de su existencia.
Adicionalmente, las personas que se acojan a este crédito, de manera obligatoria deben adscribirse a un programa de educación financiera para fortalecer sus finanzas personales.
Para poder habilitar este programa se deben realizar varios cambios legislativos que se propondrán en un proyecto de ley que será presentado por el ministro de la Presidencia la próxima semana.
Fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC)
Busca el fortalecimiento del CIC, operado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Éste administra información sobre el desempeño crediticio de los deudores en el sistema financiero nacional, la cual está disponible tanto para las entidades supervisadas como para cada uno de los deudores.
No obstante, esta plataforma tiene un alcance limitado, pues solamente recibe información crediticia de las entidades financieras supervisadas por SUGEF. Esta insuficiencia de la información representa una brecha para poder generar una adecuada capacidad de gestión de riesgos derivados de la cartera crediticia.
Precisamente, la iniciativa busca resolver este problema mediante la adición de un artículo 133 bis a la Ley 7558 con el fin de permitir la creación de un módulo o base de datos adicional al CIC que incluya información relevante derivada de las operaciones de crédito otorgadas por empresas fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SUGEF (incluyendo las que hoy están supervisadas por alguna otra superintendencia).
La creación de este nuevo módulo de consulta creará una herramienta que permitiría proporcionar servicios de recopilación, manejo, entrega y envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y personas jurídicas, así como operaciones crediticias y de otra naturaleza análoga que los deudores mantengan, no solo con entidades financieras supervisadas, sino también con empresas comerciales no reguladas, como por ejemplo tiendas departamentales o almacenes comerciales.
Adicionalmente, el proyecto modifica una limitación existente actualmente que impide que los bancos estatales puedan ampliar sus opciones para captar recursos del exterior, con el fin de destinarlos a programas de crédito de salvamento a deudores altamente endeudados.
La iniciativa contemplará además, como una medida de protección a las personas que solicitan créditos, que el Banco Central de Costa Rica será la entidad oficial de fijar la tasa máxima que regule el mercado financiero como el de compras a crédito a efectos de evitar las tasas excesivas en esos mercados.
