Un total de 17 diputados dieron su firma para que la Sala IV evalúe la constitucionalidad del proyecto de pesca de arrastre, aprobado la semana anterior por el Plenario.
Con esta medida, el alto tribunal tendrá un mes de plazo para evaluar la iniciativa y determinar su apego a la Carta Magna.
Ya en el 2016, los magistrados habían prohibido la práctica, que ahora los legisladores intentan revertir asegurando que existen estudios técnicos que los validan.
En el documento enviado al Poder Judicial aparecen las firmas el frenteamplista José María Villalta, los integracionistas Patricia Villegas y Walter Muñoz y los liberacionistas Jorge Fonseca, Karine Niño, María José Corrales, Roberto Thompson y Paola Valladares.
Además, dieron respaldo 8 de los 9 diputados de Acción Ciudadana. La oficina de prensa de la fracción oficialista comentó que el legislador Ramón Carranza no firmó pues está fuera de la Asamblea por motivos de salud.
Empleos, estudios y permisos
El nuevo texto no habilita las licencias en lo inmediato sino que da un año al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para hacer los estudios que determinen la cantidad de permisos a otorgar.
Con ese objetivo, el Incopesca recibirá recursos de otras instituciones para financiar los análisis técnicos que aseguren la sostenibilidad de la práctica.
Así, podrán hacer transferencias el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Para ello se dará un plazo de un año.
Expectativa presidencial
Desde la semana anterior el Poder Ejecutivo había adelantado que esperaría el criterio judicial para determinar su proceder ante el proyecto.
El Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, mencionó que el veto no estaba entre las valoraciones iniciales.
Vía – Elobservadorcr
