El decreto del lunes del presidente Donald Trump estrecha radicalmente el cerco económico al régimen de Nicolás Maduro, colocando en riesgo de sanciones a las compañías chinas y rusas que aún compra crudo venezolano y amenazando con convertir en parias financieros a toda transnacional haciendo negocios con el gobierno chavista, dijeron analistas.
Por: Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
La medida genera un riesgo particular para los magnates venezolanos que amasaron sus fortunas bajo la sobras del chavismo. Denominados localmente como “enchufados o “boliburgueses”, muchos de ellos hasta el momento han logrado maniobrar para resguardar sus posiciones.
“Lo que están buscando, es poder ir contra China, Turquía o Cuba, o cualquier otra nación que ayude a Venezuela a hacer operaciones comerciales. Si estás comprando su petróleo, pasas ahora a estar en la lista de los más buscados”, advirtió Russ Dallen, presidente de la firma Caracas Capital Markets, con sede en Miami.
Pero el decreto también expone a todo empresario chavista.
“Toda persona vinculada a Maduro ahora pasa a ser radioactiva. Y cualquier cosa que ellos toquen pasa a ser radioactivo”, agregó Dallen.
Incluso aquellas personas que no realizan negocios directamente con el régimen, pero sí con quienes lo hacen. Este segundo grupo de personas entran en la zona de riesgo, agregó.
El decreto lleva las sanciones a un terreno extraterritorial, extendiendo la prohibición de hacer negocios con el régimen fuera de Estados Unidos. De manera que si una empresa extranjera, ya sea Rosneft o Petrochina, tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, esos activos hoy pueden ser confiscados. “Esto ya no solo afecta a personas estadounidenses”, enfatizó Dallen.
Rosneft y Petrochina, que siguen comprando crudo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington en enero contra la estatal Petróleos de Venezuela, puede que no tengan abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos pero si tienen activos internacionales que ahora sí podrían ser vulnerables.
El decreto firmado el lunes prohíbe — salvo que estén expresamente exentas — toda operación con cualquier entidad gubernamental de Venezuela, incluyendo organismos estatales como el Banco Central de Venezuela o la estatal Petróleos de Venezuela, así como cualquier individuo o agrupación controladas directa o indirectamente por ellas.
La medida también prohíbe que personas vinculadas con el régimen puedan ingresar a Estados Unidos.
Las medidas exoneran a las operaciones de carácter humanitario, como la importación de comida y medicinas, y permiten a los venezolanos que residen en Estados Unidos a seguir enviando ayuda económica a sus seres queridos en el país sudamericano.
“El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del ex régimen ilegítimo de Maduro”, declaró el martes Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro en un comunicado.
“Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro”, agregó.
Diego Moya-Ocampos, analista político de América Latina de la firma IHS Markit, dijo que las medidas anunciadas el lunes constituyen el golpe más duro asestado hasta ahora al régimen de Caracas, extendiendo los castigos que antes estaban limitados al sector petrolero, al sector financiero y a unos 100 individuos a toda relación económica con el régimen.
En la práctica, esto significa que los costos de operar en Venezuela se van a disparar significativamente para las compañías internacionales, incrementado los costos legales de las empresas, que ahora van a tener un trabajo mucho mayor para cerciorarse de que no van a entrar en riesgo por violar la ley, explicó Moya-Ocampos.
“Cualquier empresa transnacional que no esté explícitamente exonerada por el Departamento del Tesoro y cuente con una licencia para operar en Venezuela se le va a hacer imposible realizar cualquier tipo de operación con el Estado”, Moya-Ocampos dijo. “Con esto, cualquier empresa que provea cualquier tipo de servicio, apoyo logístico, tecnológico, material, financiero al gobierno, en cualquier rubro, está sujeto a sanciones”.
Esas sanciones podría llevar a cualquiera de esas empresas a convertirse por sí misma en un paria financiero internacional, sin poder tener acceso al sistema financiero estadounidense.
Pero incluso si la compañía internacional lograra conseguir autorización de seguir operando, la situación se torna tan tóxica que muchas de ellas podrían tener pocos incentivos de seguir operando en el país, en vista del incremento de los costos legales y el riesgo de llegar a hacer negocios con una compañía que esté siendo usada por el régimen para evadir las sanciones, agregó.
El gobierno estadounidense fue el primero entre más de 50 países en desconocer en enero la autoridad de Maduro y reconocer al juramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el legítimo jefe de estado, acusando al gobernante chavista de instaurar una dictadura en el país.
Desde entonces, Washington a aplicado una serie de sanciones cada vez más impactantes contra el régimen, incluyendo a la estatal PDVSA y al Banco Central, así como a más de 100 funcionarios y allegados de Maduro.
El régimen, entre tanto, acusa a Washington de haber emprendido una guerra económica en su contra y atribuye el colapso económico del país a las sanciones.
Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años para escapar del régimen cada vez más autoritario y de la economía hiperinflacionaria.
