El Ministerio Público acusa a Rodrigo Chaves de corrupción para supuestamente beneficiar a un amigo suyo, según una investigación dirigida por el fiscal, a quien el mandatario exige la renuncia y llama “matón de barrio”
Una acusación formal por un delito de corrupción cayó como leña al fuego en la relación entre el Poder Judicial de Costa Rica y el presidente Rodrigo Chaves, quien se prepara para entrar al último año de su administración asediado por el riesgo de perder la inmunidad constitucional para ir a juicio, una decisión que depende de la Asamblea Legislativa, dominada por fuerzas opositoras.
El detonante ha sido la decisión del fiscal general, Carlo Díaz, de activar el procedimiento de acusación penal contra el presidente, sospechoso del delito de “concusión” por el manejo de una partida proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así dice la pieza acusatoria publicada esta semana, menos de un mes después de una manifestación callejera que Chaves dirigió contra el Poder Judicial para exigir la salida del fiscal.
Chaves y su ministro Jorge Rodríguez desarrollaron, según la Fiscalía, un “plan delictivo” que permitió desviar 32.000 dólares para beneficio de un asesor amigo del mandatario, Federico Cruz. Esto fue parte de los 400.000 dólares aportados en 2022 por el BCIE para un contrato por servicios de comunicación para la empresa de un publicista que ahora es testigo clave del caso, Christian Bulgarelli. Los cuestionamientos comenzaron cuando se publicaron polémicos audios que ese año grabó en el despacho presidencial la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro. “Me gustaría ver el contrato porque también tengo un montón de antojos”, se escucha decir al presidente Chaves en esos archivos.
Ahora, las baterías del Ejecutivo se enfilan contra la cabeza del Ministerio Público: “Carlo Díaz, tan desagradable que es, tan indigno que es, su culpa es obedecer de manera corrupta y cobarde los designios de la mafia profunda que traspasa de los partidos políticos a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, reaccionó Chaves. “Carlo, usted es un títere, matón de barrio, de ahí no pasa”, añadió el presidente, quien goza del respaldo del 54% de la población, según una encuesta de marzo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En noviembre registraba un 63% a favor.
Bulgarelli y la exministra Navarro son señalados por el presidente como traidores y criminales, pero el pulso directo lo libra contra el fiscal Carlo Díaz y el aparato judicial que lo acuerpa, así como con grupos políticos opositores que han alzado la voz contra lo que consideran es una intromisión judicial de Chaves. La batalla retórica que viene desde hace más de un año tiene ahora combustible adicional y podría aumentar si prosperan otras investigaciones penales contra Chaves. “No sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme”, dijo este miércoles en un mitin en Atenas, un pueblo a 40 kilómetros de San José. En él, se comparó con un prócer del siglo XIX llamado Juanito Mora, quien fue fusilado por tropas gubernamentales después de que batalló contra ejércitos privados estadounidenses llamados “filibusteros”, la palabra que Chaves usa ahora contra quienes considera enemigos internos.
“¡Se jodieron! ¡Se jodieron! (…) Yo no aflojo hasta el último día que Dios me quiera tener con vida. Filibusteros, vengan, los estoy esperando” añadió el presidente en ese discurso, en referencia a las autoridades judiciales y a las bancadas legislativas opositoras que podrían retirar la inmunidad con una mayoría calificada. La acusación debe ser analizada por los magistrados de la Sala Penal, que son quienes podrían remitir a los diputados la solicitud de levantamiento del fuero para avanzar a juicio. Una diputada pidió a Chaves que renuncie de manera voluntaria a la inmunidad como señal positiva, pero otros criterios jurídicos indican que eso no es posible. Chaves prefiere dejar la duda: “¿Para qué les voy a decir si voy a renunciar (a la inmunidad) o no? ¿A ellos qué les importa? Que hagan su jugada”, dijo.
El BCIE, presidido por la costarricense Gisela Sánchez a propuesta de Chaves en 2023, investigó lo ocurrido con este contrato y determinó que hubo “fraude y colusión”, pero cargó la culpa sobre el contratista Bulgarelli, quien en todo momento aseguró que sólo siguió instrucciones desde el despacho del presidente. “Para los efectos de la imputación, yo supuestamente hice un pacto colusorio con alguien sin rostro, un fantasma”, dijo a EL PAÍS un año atrás, al revelar mensajes que mencionaban a Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves.
En uno de esos textos supuestamente enviados por Patricia Navarro cuando aún era de la confianza del mandatario, según las pruebas aportadas por el publicista, se lee: “Nos urge para hoy los términos de contrato. Jorge y yo los estamos esperando para hoy. El presidente nos los pidió”. En medio de las polémicas, el BCIE eliminó en 2024 el programa de donación de $1 millón anual para cada Gobierno fundador para uso discrecional, de donde salieron los $400.000 del contrato cuestionado, informó el jueves el diario La Nación.
Esta misma semana, se publicó un video grabado en marzo en un restaurante de San José, donde Bulgarelli comía con su pareja cuando llegó Chaves acompañado por su principal diputada, Pilar Cisneros, y por escoltas de seguridad. En la imagen, se ve cuando el presidente se acerca a la mesa del publicista y lo encara antes de que los guardias intervienen para tranquilizar al testigo del caso judicial. “Se llenó de ratas este restaurante”, habría dicho Chaves al ver a Bulgarelli, según publicó la prensa local basada en el expediente.
Las tensiones políticas marcan el ambiente a menos de un año de los comicios nacionales para elegir al sucesor de Chaves y renovar por completo la Asamblea Legislativa. El chavismo, pese al volumen de respaldo popular reflejado en las encuestas, carece aún de un partido político claro y de un candidato oficialista ante la imposibilidad del mandatario de optar por una reelección inmediata. El principal partido opositor, el tradicional Liberación Nacional (PLN), escogió en unas apáticas elecciones primarias del domingo a su candidato presidencial, un economista llamado Álvaro Ramos, quien llamó a “defender la democracia” de este país que por décadas ha sido reconocido como un ejemplo de sistema democrático.
Con información de | elpaís.com
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