Grupo Secure, conocida como una de las empresas de seguridad privada más grandes del país, se atrasó en el pago del salario de la primera quincena de noviembre de una parte importante de sus 1.400 oficiales al tiempo que tramita el cierre de algunos de sus contratos, entre ellos con varias instituciones del Estado.
“Esta empresa no ha dado la fecha exacta de cierre de operaciones, sin embargo, sí ha habido por parte de personeros acercamientos para indicar que han ido cancelando contratos”, confirmó la dirección de seguridad privada del Ministerio de Seguridad Pública.
La firma de seguridad privada tiene reportados 1.429 agentes ante este ministerio. Este domingo, la empresa les advirtió a los empleados sobre el atraso en el pago salarial y les aseguró que trabajaría para cumplir con sus compromisos.
“El viernes 15 de noviembre y a raíz de problemas presentados con algunos compromisos de pago hacia nuestra empresa, se nos imposibilitó cancelar el salario de una fracción importante de nuestros colaboradores, correspondiente a la primera quincena de noviembre.
«Estamos muy conscientes de la afectación que esto genera a sus familias y les aseguramos que estamos tomando acciones para tener una pronta solución y poder cancelarles los salarios pendientes de manera completa”, informó a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.
Este martes Davis no contestó las consultas de prensa sobre la situación por la que atraviesa la empresa de seguridad.
Eric Koberg, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, dijo que había sido informado por clientes de la empresa, que ya fueron notificados del cierre a partir del 1 de diciembre próximo.
Koberg argumentó que las empresas del sector enfrentan problemas desde la Ley de Reforma Procesal Laboral, que entró a regir en el 2017 y que ha incrementado las demandas laborales.
Además, citó que las empresas que trabajan para el Estado y sus instituciones deben enfrentar altas multas por incumplimientos que resultan onerosos.
Varios inconvenientes
En junio anterior, SECURE S.A. reportó que por primera vez en sus 33 años de operaciones había tenido problemas para pagar su planilla a finales de mayo pasado en lo que se refirió como un “hecho aislado” de acuerdo con un comunicado emitido.
“A razón del incumplimiento de algunos compromisos de pago hacia nuestro Grupo, se generó una afectación que imposibilitó el giro de los salarios correspondientes a una fracción de nuestros agentes de seguridad. (…) Extendemos nuestra gratitud a todos nuestros colaboradores que, de forma solidaria, creen en nosotros y honran sus horarios de trabajo bajo la confianza de que Grupo SECURE también les honrará, como siempre lo ha hecho”, explicó Geoffrey Davis, presidente y fundador de Grupo Secure, en una carta publicada en ese momento.
Para octubre, se sumaría otro problema para la empresa cuando uno de sus oficiales de seguridad mató accidentalmente a una mujer que hacía fila en una sede del Poder Judicial.
“La empresa Servicio de Cuido Responsable, SECURE, SA, lamenta profundamente el fallecimiento de una persona usuaria en el Juzgado Contravencional de Upala, el día de hoy. Debido a que los hechos se encuentran en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial, no podemos dar detalles de lo ocurrido”, explicó Davis el 10 de octubre.
Aseguró que todos los colaboradores tenían sus credenciales al día y que se cumplían con todos los requisitos ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y el Departamento de Armas y Explosivos, del Ministerio de Seguridad Pública.
El Poder Judicial tiene aproximadamente 4 años de contratar servicios con SECURE S.A. por un monto de ¢388.044.000 por año.
Sin embargo, la empresa se retiró del concurso para dar continuidad a este servicio, el cual que se adjudicó a otra firma que inició operaciones el martes 12 de noviembre anterior.
“El contrato con la empresa SECURE S.A., que brindaba los servicios de seguridad en el Poder Judicial, concluyó el pasado 9 de noviembre. La empresa retiró de concurso la oferta que había presentado en una Contratación Directa Concursada, autorizada por la Contraloría General de la República, mediante la cual daría continuidad a los servicios”, explicó la institución.
La empresa además, adeuda ¢234 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, que está en proceso de cobro administrativo.
