Que la mujer embarazada reciba amplia información sobre los procedimientos médicos, que pueda estar siempre acompañada y dé a luz en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico son parte de los cambios que impone una reforma a la Ley General de Salud, que los diputados aprobaron en primer debate.
Se trata del expediente 21.062, que recibió una votación unánime en el plenario y busca brindar una mayor protección a las embarazadas antes, durante y después del parto.
La iniciativa la impulsó la liberacionista Aida Montiel y busca modificar el artículo 12 de la Ley 5.395.
La reforma indica que toda mujer tiene derecho a recibir información integral, clara y concisa sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones quirúrgicas, por ejemplo sobre la posibilidad de una cesárea, la extirpación de un tumor o aplicar el conocido “piquete”.
NO MÁS VIOLENCIA
La legisladora explicó que el objetivo es que la atención sea equitativa, preventiva, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia gineco-obstétrica, según las definiciones y modalidades que se establezcan mediante reglamento.
“La violencia obstétrica incorpora a su vez el trato deshumanizado, grosero, la discriminación y la humillación como regaños, burlas, insultos, culpabilización en el proceso de parto en el que se le indica a la mujer que es su responsabilidad si el bebé presenta algún problema de salud; violación respeto a la dignidad humana al utilizarse a las mujeres como recurso didáctico sin su consentimiento”, agregó la verdiblanca.
El personal de salud de la Caja que no acate estas disposiciones cometerá falta en el desempeño del cargo, lo cual será sancionado de conformidad con la legislación vigente.
Según datos de la última Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud y Unicef, el 98% de los partos en Costa Rica se atendieron en los centros de salud públicos y privados, correspondiendo un 94% a la Caja de Seguro Social.
Además, la encuesta señala que un 58% de las féminas que tuvieron un bebé sufrió algún grado de violencia obstétrica.
Al 35% no se le consultó para aplicarle procedimientos o darle medicamentos, a un 19% no le dieron explicaciones comprensibles, a un 12% le gritaron o regañaron, a un 10% le hicieron comentarios despectivos, un 9% no tuvo el apoyo necesario y un 2% fueron agredidas físicamente.
“Esta forma de violencia en contra de las mujeres se traduce en acciones como la no atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; disponer de su cuerpo al aplicarles medicamentos y usar técnicas de aceleración del parto sin su consentimiento; la práctica de cesáreas existiendo condiciones para el parto vaginal; procedimientos que no deben ser rutinarios sino excepcionales.
Asimismo, intervenciones médicas innecesarias tales como la episiotomía comúnmente llamado ‘piquete’, monitoreos fetales y edemas como prácticas de rutina”, comentó la parlamentaria.
El proyecto recibirá segundo debate la próxima semana.
CAMBIOS
Toda mujer embarazada antes, durante y después del parto tiene derecho a:
1) Ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico.
2) Recibir atención oportuna y personalizada.
3) Recibir información clara sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles.
4) Parir de manera natural, siempre y cuando no exista riesgo para la madre o para el niño o niña por nacer.
5) Que se respete el proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo.
6) Mantener el apego postparto con el niño o niña, salvo determinación médica justificada.
7) Recibir información clara y concisa sobre su condición y los beneficios de la lactancia materna.
8) Estar acompañada durante el parto y postparto por una persona designada por ella.
Fuente: Reforma al artículo 12 de la Ley General de Salud
