La tasa de femicidios perpetrados por exparejas sentimentales en Costa Rica se ha duplicado entre 2022 y 2024, aumentando de 0. 59 a 1 por cada 100 mil mujeres. Esta alarmante cifra fue presentada por Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el conversatorio titulado “De la indignación a la acción: respuestas ante el femicidio”, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
En los primeros tres meses de 2025, se contabilizaron 13 femicidios. Para poner esto en perspectiva, en 2022 ocurrieron 25 casos, la cifra ascendió a 31 en 2023 y se registraron 30 en 2024, según los datos proporcionados por Mesa. La experta asocia este incremento con el debilitamiento de las políticas públicas y la falta de institucionalidad, en un contexto donde la violencia se ha vuelto generalizada en el país.
Mesa también cuestionó la negativa del Gobierno a declarar una emergencia nacional por femicidios, lo cual facilitaría la asignación de recursos para la prevención. “¿No es una conmoción interna haber registrado 13 femicidios en menos de tres meses? ”, se interrogó Mesa, refiriéndose a la justificación de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, sobre las dificultades legales para hacer dicha declaración.
A pesar de contar con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y de haber ratificado la Convención de Belém do Pará, Mesa destacó las deficiencias que enfrentan las víctimas y sus familias en el acceso a la justicia.
“Como sociedad civil, nos preocupa que en los casos de femicidios no se apliquen adecuadamente los protocolos de investigación y sanción especializados”, añadió.
La Red Feminista también hizo un llamado a reducir la violencia simbólica, particularmente en relación a ciertas manifestaciones públicas que menosprecian la educación en la prevención de la violencia. Mesa criticó los “discursos machistas, misóginos y de odio que provienen desde la Casa Presidencial”.
Por su parte, Larissa Arroyo, académica del IEM, propuso que se amplíen las investigaciones sobre la violencia de género, que se sistematicen los datos y que las universidades desempeñen un papel de intermediarias entre el gobierno y la sociedad civil.
Arroyo abogó por una “educación transformadora” que integre la perspectiva de género en todos los niveles educativos y que capacite adecuadamente a los operadores de justicia.
Con información de | elmundo.cr
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