La Fiscalía de Quepos y Parrita finalizó la investigación y acusó a tres personas como presuntos responsables del naufragio de una balsa de rafting, en el que murieron 4 turistas estadounidenses, el 20 de octubre de 2018.
Dos de los acusados son de apellidos, Contreras Martínez, quienes eran guías turísticos, y otro apellidado, Pessoa Calvo, representante de una empresa de expediciones con sede en Manuel Antonio.
El Ministerio Público les atribuye el delito de naufragio que, según el artículo 258, contempla una pena de dos a seis años contra las personas que ejecuten cualquier acto que ponga en peligro de seguridad una nave. Si se da un naufragio, como en este caso, la pena sube de 6 a 12 años.
El otro delito que se atribuye es la omisión de auxilio. La fiscalía comprobó que las víctimas pidieron ayuda pero no fueron atendidas.
El Fiscal Adjunto de Puntarenas, Luis Diego Hernández, agrega que los supuestos responsables conocían el riesgo de realizar el tour, ante las fuertes lluvias en la zona.
Las familias de las víctimas serán notificadas de la acusación para que definan si se unen con una querella y tienen un plazo de 10 días para plantear una acción civil resarcitoria.
La muerte de estos cuatro jóvenes estadounidenses dio la vuelta al mundo. Sus allegados criticaron fuertemente las pocas medidas de seguridad y acciones del gobierno para evitar actividades turísticas en condiciones riesgosas.
Inclusive, los padres de los fallecidos irrumpieron en ferias turísticas para recomendar que no se viaje a Costa Rica, afectando la imagen del país.
