La Fiscalía ha formulado una acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en relación con un caso de contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esta acusación fue presentada este lunes ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según informó la entidad en un comunicado de prensa.
El caso involucra contratos por aproximadamente $400,000 dólares con un productor apellidado Bulgarelli, destinados a la gestión de comunicación de la casa presidencial. Se investiga presuntamente si el productor fue quien elaboró los términos del contrato que luego le fueron adjudicados.
Este asunto ha sido objeto de análisis en la Asamblea Legislativa, y se han divulgado públicamente varios audios relacionados con el proceso. A Chaves se le imputa un presunto delito de concusión.
Según la Fiscalía, el presidente supuestamente obligó e indujo a Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido a Cruz Saravanja, coimputado y amigo cercano de Chaves, beneficiándose este último con $32,000. 00 derivados del «Contrato marco de prestación de servicios de consultoría« para la compra de una vivienda. La causa penal correspondiente a Cruz tiene el número 25-000044-0033-PE.
Asimismo, la acusación sostiene que, antes del proceso de contratación, los funcionarios involucrados mantuvieron contacto y llevaron a cabo varias reuniones en la Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él elaborara los términos de referencia de su contrato, según manifestó el Ministerio Público.
En 2024, el BCIE anunció que había abierto una investigación sobre estas contrataciones, en las cuales, aparentemente, Bulgarelli redactó los términos del concurso. Se supo también que al productor se le llegó a imponer un veto en la institución por un período de siete años.
El caso se manejaba previamente bajo el expediente 23-000057-0033-PE.
Acusación al Ministro de Cultura
El actual Ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, también ha sido acusado por el presunto delito de concusión. Este delito prevé penas de entre 2 y 8 años para el funcionario público que, abusando de su cargo, obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, según indicó la entidad.
Testigo colaborador
La Fiscalía especificó que se aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, conforme al artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, dado que se trata de un delito grave. Esto significa que el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, aportando información útil que permita esclarecer los hechos investigados y demostrar la participación de los acusados.
Además, se está llevando a cabo el caso 25-000043-0033-PE en contra de Bulgarelli, en el cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que se emita una sentencia firme. Si la colaboración no resulta ser efectiva para los intereses del Ministerio Público, se procederá con la persecución penal en su contra.
Con información de | diarioextra.com
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