La Fiscalía General de la República investiga al presidente Rodrigo Chaves Robles por supuestas anomalías en cinco nombramientos.
Se trata de las designaciones de Arnoldo André Tinoco, Cindy Quesada Hernández, Erika Nahrgang Rodríguez y Orlando Ramírez Bioley, realizadas entre el 22 de abril y el 1° de junio pasados. También el de Jacqueline Soto Rivel, cuando el mandatario era ministro de Hacienda. Ninguna de esas personas figura como imputadas en la sumaria.
Las pesquisas se tramitan en cuatro expedientes distintos, tal y como se desprende de un informe preparado por la oficina de prensa del Ministerio Público, solicitado. Tres de las causas estaban -hasta el 24 de octubre anterior- próximos a resolverse con el requerimiento conclusivo respectivo. Llámese acusación, solicitud de desestimación o de sobreseimiento. La restante permanece en trámite.
Este medio solicitó el 26 de octubre pasado un descargo del gobernante a través de su oficina de prensa al respecto. Que no ha sido remitido hasta el cierre de esta publicación.
De campaña al Ejecutivo
Una de las pesquisas se relaciona con el nombramiento de Arnoldo André Tinoco como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Así como el de Orlando Ramírez Bioley como directivo del Consejo de Transporte Público (CTP).
El caso persigue un presunto tráfico de influencias de parte de Rodrigo Chaves Robles y avanza en la etapa inicial. Que es privada para terceros, según el artículo 295 del Código Procesal Penal. A este se le asignó el número de referencia 22-000058-0033-PE.
Te puede interesar: SINAC intentará capturar a cocodrilo que atacó a menor en Matina
Sin embargo, el numeral 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Define el delito en cuestión como el acto de influir en un servidor público. Prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación personal o jerárquica para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, contrato o resolución propio de sus funciones. De modo que genere una ventaja indebida para sí o para otro. Para este ilícito se prevén sanciones que van desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta los 6 años y 8 meses.
La información no ahonda en detalles. No obstante, es sabido que tanto André Tinoco como Ramírez Bioley fungieron como financistas de Chaves Robles durante su carrera por la Presidencia de la República.
Contribuciones
El ahora canciller aportó un total de $4.000 y ¢1,5 millones al Fideicomiso Costa Rica Próspera. Que entre julio y octubre de 2021 sufragó gastos de la campaña del entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Las contribuciones se hicieron en tres tractos, dos de ellas por medio de las sociedades Galería Tres Mil S.A. y Península Group. Que son presididas y representadas por el abogado de profesión.
André Tinoco además presidía la sociedad administradora del fideicomiso, ATA Trust Company S.A. Sus aportes y su rol en ese mecanismo de financiamiento son objeto de una investigación de la Fiscalía General, según lo dio a conocer este medio el 1° de noviembre anterior. La operación de esa “estructura paralela” también es blanco de pesquisas en la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El jerarca fue confirmado en su actual posición el 22 de abril pasado, como uno de los primeros integrantes del gabinete de Chaves Robles.
Ramírez Bioley, en cambio, fue designado el 1° de junio anterior por el Consejo de Gobierno.
El semanario El Financiero dio a conocer el 14 de febrero que el ahora directivo del Consejo de Transportes figuró entre los compradores de bonos de la campaña de la agrupación oficialista. La publicación detalla que el empresario compró 8 bonos a un costo de ¢600.000 cada uno (con un 40% de descuento). Para un total de ¢4,8 millones.
A seis días después de su nombramiento. Ramírez Bioley era el presidente de Autotransportes Cesmag S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos, Consorcio Operativo del Este (Coesa) y Autotransportes Zapote.
Incumplimiento de requisitos
Las otras tres investigaciones persiguen aparentes nombramientos ilegales. Ese delito, que se sanciona con entre 30 y 90 días multa. Refiere al funcionario que proponga o designe para un cargo público a una persona sin que esta cumpla los requisitos legales para ello. Tal y como se extrae del ordinal 344 del Código Penal.
Uno de los casos se desarrolla bajo el expediente 22-000052-0033-PE. Y se relaciona con el nombramiento de Cindy Quesada Hernández como ministra de la Condición de la Mujer, así como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). El anuncio lo hizo Rodrigo Chaves Robles el 29 de abril pasado, en una conferencia de prensa.
Seis días después, el semanario Universidad dio a conocer que la jerarca incumplía los requisitos establecidos en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para ocupar el segundo de los cargos. La normativa establece en su artículo 15 que quien presida la institución debe poseer, como mínimo, una licenciatura como grado académico. Tener al menos cinco de años de ejercicio profesional, entre otros requerimientos.
La revelación del diario determinó que Quesada Hernández para ese momento tenía estudios en Derecho, sin detallar el grado respectivo. Asimismo, apuntó que la ministra no se encontraba afiliada al Colegio de Abogados (situación que persiste al cierre de esta publicación).
Por lo anterior, el 8 de mayo anterior, cuando inició la actual administración. La propia Quesada Hernández reveló que la Presidencia Ejecutiva del Instituto de las Mujeres recaería sobre alguien más. Posteriormente se anunció a Adilia Caravaca Zúñiga en el cargo.
El 3 de mayo pasado, Chaves Robles anunció a Erika Nahrgang Rodríguez como su presidenta ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Pero el 26 de mayo, Universidad destapó que esta corría para homologar sus títulos y afiliarse al Colegio de Periodistas (Colper). De manera tal que pudiera cumplir así con los requisitos dispuestos en el artículo 10 de la ley orgánica de la empresa pública.
Puesto 1°
La periodista finalmente desistió de asumir el puesto el 1° de junio anterior. En su lugar fue designado el expresidente del colegio profesional, Allan Trigueros Vega.
El otro nombramiento bajo la lupa es el de la directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), Jacqueline Soto Rivel. Su designación se dio el 24 de febrero de 2020. Cuando Chaves Robles dirigía el Ministerio de Hacienda (26 de noviembre de 2019-28 de mayo de 2020).
No obstante, el nombramiento supuestamente era improcedente en el tanto que la funcionaria carecía del rango de comisionada o comandante. Requerido por la Ley General de Policía para los directores y subdirectores de los cuerpos de este tipo. Esta situación fue reafirmada en un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR). A raíz de una consulta formulada por el exministro Elian Villegas Valverde. A raíz de cuestionamientos de los sindicatos de la institución, reveló CRHoy.com el 16 de setiembre de 2021.
Pese al pronunciamiento de la Abogacía del Estado, Soto Rivel se mantuvo en el puesto, toda vez que el 27 de agosto de 2021. La cartera le otorgó por decisión interna el rango de comisionada.
Con información de Cr Hoy
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales:
En Instagram como @costaricanews24 y Costa Rica News24 en Facebook.
