La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó 24 años de prisión para el expresidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados Calvo. Por el aparente “nombramiento fantasma” de asesores de la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
La petición fue realizada durante las conclusiones del Ministerio Público en el juicio que encara el exdiputado y otras nueve personas desde el 9 de mayo pasado. Confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta.
El abogado es acusado de cuatro presuntos cargos de influencia contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía además solicitó 12 años y 6 años de cárcel contra los también excongresistas Martín Monestel Contreras y Rita Chaves Casanova, respectivamente. A estos se les achacan dos y un cargo de ese mismo delito, respectivamente.
A los excongresistas se les señala presuntamente haber designado a ocho familiares y amigos suyos. Como asistentes de bancada, consejeros y secretarias, entre otros. Que supuestamente cobraron salarios a pesar de que en ningún momento se presentaron a trabajar. Los hechos se remontan a los periodos 2006-2010 y 2010-2014.
Las personas en mención son de apellidos Casanova Aragón, Zamora Álvarez, Brenes Villalta, Madrigal Morera, Rodríguez Rodríguez, Esquivel Mondragón así como Arias Jiménez. Contra los dos primeros encartados el Ministerio Público pretende seis años de prisión. Mientras que con el último se pidió una absolutoria por ausencia de dolo. Contra los restantes cuatro se solicitaron tres años de cárcel.
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Perjuicio económico
El monto total del perjuicio económico causado el Estado por los “nombramientos fantasma” asciende los ¢165.491.770. Informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en un comunicado el 20 de agosto de 2019.
Las conclusiones se mantienen en desarrollo. Aún este jueves, estaban pendiente de escucharse las exposiciones de las defensas.
Este medio procuró contar con un descargo de Granados Calvo, Monestel Contreras y Chaves Casanova. Pero ninguno de los tres atendió las llamadas realizadas a sus teléfonos celulares. Tampoco lo hizo el abogado de los dos primeros, Gonzalo Carrillo Delgado.
Con información de Cr Hoy
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