Fisuras entre Conavi y fideicomiso tambalean plan de “obis” en vía a San Ramón.
Las diferencias entre la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UESR), adscrita al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y el fideicomiso Ruta Uno. Administrado por el Banco de Costa Rica (BCR), hacen tambalear los planes de obras impostergables (obis). Que constituyen la etapa previa a la ampliación de la ruta a San Ramón.
En 2015, la Administración Solís Rivera (2014-2018) firmó la ley para modernizar la ruta bajo la figura del fideicomiso. Un año después, el BCR se adjudicó el fideicomiso promovido para desarrollar el proyecto. Luego, en 2017, entró en funcionamiento y creó Ruta Uno.
En esa línea, el banco en su condición de fiduciario conformó la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) de Ruta Uno. La cual, ha diseñado y ejecutado el plan de obras impostergables (obis) que configura la etapa previa a la ampliación de la carretera.
También, se encargó de gestionar el estudio de factibilidad para el proyecto global a cargo de la consultora IDOM.
En tanto, el Conavi ligado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como fideicomitente, constituyó la UESR. Todo lo que haga y proponga la UAP de Ruta Uno ser avalado por la UESR.
Ejecución del programa
Las labores de la UAP adscrita a Ruta Uno se han centrado en la ejecución del programa de ‘obis’. Estas contemplan trabajos específicos en 17 puntos de interconexión entre la autopista con otras rutas o en zonas donde existe estrechez.
¿Qué es lo que sucede? Según expuso Hadda Muñoz, directora ejecutiva de la UAP. Enfrentan obstáculos para avanzar en el cronograma propuesto por aspectos achacados al Conavi.
Por ejemplo, explicó que los estudios y anteproyectos elaborados para renovar las estaciones de peaje en Río Segundo y Naranjo; fueron avalados por la UESR hasta junio de 2022, tras 2 años de espera.
“Ahora es requerido que el Conavi realice la transferencia de esos estudios. Como aporte en especie, para que la UAP pueda iniciar el proceso de contratación del diseño y construcción de las estaciones de peaje. Sin embargo, un mes después de recibir el aval el consejo no ha realizado ese aporte. Por lo que en estos momentos no se ha podido continuar con este proceso de ruta crítica.
“Es decir, a la fecha este proceso tiene 2 años de atraso por inacción del Conavi. Que tiene como consecuencia una pérdida de ingresos mensual estimada en $130.500 (equivalente a $1.566.000, anual estimado). Por las suspensiones de cobro en la tasa de peaje que deben implementarse a raíz de la falta de capacidad vial de las estaciones de peaje. Especialmente en Río Segundo“, alegó Muñoz, el pasado 21 de julio, ante la comisión legislativa de la provincia de Alajuela.
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Además de este aspecto, la funcionaria aseguró que en el lote 4 de ‘obis’ (puente Juan Pablo II, intercambios desnivelados de Grecia, Naranjo y San Ramón. Y expropiaciones para la radial Belén – Río Segundo) el Conavi no ha definido el mecanismo de gestión. Pese a que ya se cuenta con los estudios y anteproyectos avalados por el BCR, junto con una partida de $50 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El mecanismo que se defina deberá ser tramitado bajo una adenda contractual que requerirá pasar por el tamiz de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin mecanismo de ejecución
“Esta adenda fue presentada al Conavi hace más de 1 año y hasta la fecha no se tiene, ni siquiera, una definición de cómo puede ser. Esa adenda tiene que ir a refrendo contralor. Lo que está atrasando la ejecución de esas obras es que Conavi no ha definido el mecanismo de ejecución”, apuntó la funcionaria. Quien agregó que los estudios y ante proyectos también tienen pendiente el aval del consejo.
En el caso del lote 2a, que comprende la ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio del Monumento al Agua, con contrato firmado con el consorcio H.Solís TPF Getinsa Euroestudios desde diciembre de 2020. Registra atrasos en el cronograma debido a que el consejo aún no aprueba los diseños aportados por el contratista y aún está pendiente completar una expropiación.
En junio, la Administración Chaves Robles (2022-2026) anunció un interés en finiquitar el contrato de fideicomiso con el BCR. Pero, el 21 de julio, el ministro Luis Amador, titular de Obras Públicas y Transportes. Bajó el tono a la intención y explicó que se trató de una estrategia para sentar a negociar al fideicomiso. Y procurar una adenda contractual que cumpla con lo planteado por el Poder Ejecutivo: reducir costos operativos y agilizar los plazos en las obras.
“El fideicomiso ya lleva poco más de 5 años. No ha avanzado, quizás, al nivel que esperaríamos todos. Hay cuestionamientos a nivel de costos. La intención de finiquitar era más bien mandarle ese mensaje (al fideicomiso), de que necesitamos arreglar esto”, expuso el titular.
Si no hay acuerdos entre las partes, el MOPT valora la posibilidad de que Ruta Uno concluya con la ejecución de las ‘obis’ y la liberación del derecho de vía (expropiaciones). Luego, se definiría un nuevo mecanismo (otro fideicomiso o una concesión) para ejecutar el proyecto integral.
Con información de Cr Hoy
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