QUEJA CONTRA HIJA DE JESÚS RAMÍREZ, DE SALA TERCERA, POR PRESUNTAS ANOMALÍAS EN GESTIÓN
EN JULIO INSPECCIÓN JUDICIAL ACORDÓ SUSPENDERLA 15 DÍAS SIN GOCE SALARIAL
Cuatro funcionarios judiciales denunciaron a la jueza coordinadora de Pavas, Cynthia Elena Ramírez Angulo, quien es hija de Jesús Ramírez Quirós (magistrado de la Sala Tercera), por presuntos casos de acoso laboral.
La queja, respaldada por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), fue presentada a la Inspección Judicial este 19 de agosto. Según los reclamos, existen –aparentemente- numerosas violaciones al principio de juez natural y a la independencia de poderes.
No es la primera ocasión en que Ramírez Angulo es objeto de este tipo de señalamientos. El 5 de julio CRHoy.com informó que la Inspección Judicial acordó suspenderla 15 días, sin goce salarial, tras analizar una denuncia de aparente acoso laboral.
En la sentencia 1768-2019, el tribunal determinó que la hija del magistrado habría modificado el tiempo de nombramiento de una funcionaria de apellido Camacho, quien laboraba como técnica judicial, con la presunta intención de que ella renunciara a su cargo.
En esa oportunidad, Saúl Umaña, abogado de Ramírez, negó los señalamientos y confirmó que apelaría la resolución de la Inspección Judicial. Ahora, en las nuevas quejas, figuran como afectados 3 jueces y un extécnico judicial. Sin embargo, apuntan a que serían más personas las que estarían con bajo esta situación. Es más, enumeraron más de 10 funcionarios judiciales que habrían sido afectados por los comportamientos de la jueza coordinadora.
“La denunciada Ramírez Angulo ha tenido un claro patrón de conducta que no solo es abusiva sino agresiva, continua, sistemática, deliberada sobre gran cantidad de funcionarios que trabajamos en el despacho. Al punto de que existe un importante número de jueces, tanto propietarios como interinos que, nos han contactado en privado y nos han expuesto sobre el intenso temor que sienten hacia la denunciada, de su necesidad de trasladarse cuanto antes del despacho y, por ello han mostrado una renuencia absoluta a denunciar y ser parte de éste u otro proceso”, cita textualmente la queja planteada por Sindijud.
En la queja también se señala que existe un “sentimiento de terror” desde que Ramírez Angulo asumió el cargo hace aproximadamente unos 3 años. Incluso, apuntan a que eso habría forzado el traslado de una gran cantidad de funcionarios que prefieren no laborar bajo sus órdenes.
“Es preciso reiterar que los aquí denunciantes estamos fuera del Tribunal de Pavas no por una liberalidad sino porque cada uno estaba bajo un proceso de acoso, que estaba afectando gravemente nuestra estabilidad mental y física, al punto de tener que recurrir a consultas en psicología y psiquiatría, tanto en el médico de empresa como en la medicina privada, sintiéndonos todos bajo un estrés mayor, teniendo elementos para considerar que, de seguir en el despacho estamos en una situación de alto riesgo y todos, necesitamos laborar, pero es nuestro derecho hacerlo en condiciones adecuadas que la institución nos debe proveer“, acotó la denuncia, en la cual los afectados señalan que tomaron valor tras conocer la sanción impuesta a Ramírez en julio anterior.
“Parece una situación de terror” Para los funcionarios que presentaron la denuncia, la situación no es fácil pues “implica enfrentarse a una persona que se jacta de sus condiciones de influencia” y que “supone un riesgo de enfrentar represalías en los próximos años” en futuros nombramientos o traslados.
Jorge Luis Morales, secretario general de Sindijud, explicó que decidieron acuerpar a los funcionarios en virtud del posible trasfondo que existe en torno a estas situaciones.
“Parece que hay una situación como de terror u hostigamiento en el despacho. Mucha gente lo que ha hecho es buscar salidas. Irse a otros puestos, pese a que la mejor opción es Pavas. Han decidido, a raíz de la situación que se ha generado, irse a otras áreas laborales. Incluso, uno de los denunciantes trasladó definitivamente la sede de su trabajo”, comentó el representante gremial.
Para Morales, lo más grave es que existen aparentes anomalías en la escogencia de las designaciones de los tribunales que analizarán cada caso.
