De mantenerse las actuales condiciones fiscales, en el 2022, el Gobierno tendrá que restringir su gasto de inversión en obra pública. Esto pone en riesgo la continuidad de obras viales y del tren eléctrico que es el proyecto estrella de la administración Alvarado Quesada, entre otras.
La situación se genera por la regla fiscal, que es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, basado en el crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) y que está contenida en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, que se aprobó el 3 de diciembre del 2018.
En su artículo 11, la Ley especifica: «Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal».
Las proyecciones de Gobierno es que este año la deuda superará el 60% del PIB, llegando al 62,21%. Si bien no afectará el presupuesto del 2021 porque éste se hace con base en el cierre del año pasado, sí lo hará con el presupuesto del 2022.
«Hay tres opciones aquí», dijo el ministro de hacienda, Rodrigo Chaves, en su comparecencia ante el plenario legislativo el lunes anterior, quien describió así el panorama:
Una, nos quedamos como estamos y de acuerdo con eso las proyecciones son que a final del 2020 la deuda al PIB va a ser 62,61%. Eso es el escenario pasivo, no haciendo algo.
Otra es seguir con esa trayectoria de gasto y decir: si llegamos ahí, arriba de 60%, cambiemos para poder seguir gastando en infraestructura e inversión y cualquier otra cosa que la Asamblea decida. Esa es la segunda opción.
La tercera opción, que yo estoy presentándoles a ustedes hoy es, si se hace este paquete y las cosas funcionan, si ustedes nos autorizan, podemos cerrar el 2020 con 58,2%.
El plan de Ottón
Fue el fundador del partido de Gobierno y actual representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís, quien lideró una gestión para llevar adelante, esa «segunda opción»que citó Chaves.
Solís habló con personeros del Gobierno y líderes de oposición para propiciar que se modificara el inciso D del artículo 11 del Plan Fiscal.
Ese inciso habla de la aplicación de la regla fiscal al gasto total del Gobierno lo que incluye los gastos de inversión y que es precisamente lo que tiene al Ejecutivo en aprietos para realizar obras importantes como el tren eléctrico interurbano.
Precisamente, el BCIE aprobó un financiamiento por $550 millones para este proyecto y en estos días, el Ejecutivo, debería estar enviando al Congreso el proyecto de Ley de este empréstito, antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, que finaliza en abril próximo, según afirmó en diciembre el ministro de la presidencia, Víctor Morales.
La iniciativa, no ha sido ni totalmente avalada pero tampoco descartada en Zapote, sin embargo, el Ministro de Hacienda dijo que él no creía que hacer un cambio a la regla fiscal diera una señal positiva.
Tan solo unos días antes, el presidente Carlos Alvarado dijo que lo estaban valorando mientras, el ministro de la presidencia dijo que no era una medida aplicable por el momento.
No obstante, los que sí anunciaron una lucha férrea contra esta iniciativa o cualquiera tendiente a variar la regla fiscal, fue la oposición en la Asamblea Legislativa. De manera que es un plan poco viable, al menos hasta hoy.
Bajo este escenario, pareciera que el Gobierno tuvo que considerar nuevas opciones.
Ayer la Contraloría General de la República le envió una carta a los diputados, en la que advirtió acerca de las consecuencias de implementar la regla fiscal, como lo planea el Ministerio de Hacienda. El ente contralor dijo que la forma de interpretar la
Plan de Hacienda
Llegó así el lunes pasado, cuando el ministro Chaves, en nombre del Poder Ejecutivo, le presentó a los diputados un plan que contempla reducir la evasión fiscal a la mitad, con lo que buscar obtener $900 millones al año, una reducción del gasto público que esperan les genere $630 millones al año y una iniciativa para reemplazar deuda, que implicaría un ahorro anual de $138 millones.
Además, la idea de usar superávits del Estado, concesionar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y vender el banco Bicsa con lo que esperan pagar $1.500 millones de deuda.
«Si se hace este paquete y las cosas funcionan (…), podemos cerrar el 2020 con 58,2% (porcentaje de deuda con respecto al PIB)», dijo Chaves en su extensa comparecencia en Cuesta de Moras.
Según aseguró, el espacio que estas medidas van a generar, contempla gastos específicos por $2.617 millones para desarrollar la competitividad del país.
Mencionó que incluye,
- el programa de infraestructura educativa en zonas vulnerables,
- el programa de desarrollo sostenible de la pesca y acuacultura, con una inversión de $90 millones
- Programa de prevención de violencia y programa de ciudad ciudadana
- El tren eléctrico que es el programa de inversión más grande en la historia de este país por $1.300
- Proyecto de turismo para los cantones de menos desarrollo que incluye una línea de crédito
- Obras viales impostergables como la ruta a San Ramón, la construcción de la ruta San Carlos, Circunvalación Norte, la Ruta 32, la ampliación de la ruta 27, de la Interamericana Norte y la Florencio del castillo.
“La creación del espacio fiscal le permite al estado financiar esas actividades” acotó el Ministro de Hacienda el lunes.
“Sería terrible para el país volver a vivir las épocas en las que por falta de decisión política el país dejó de invertir”, dijo por su parte el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, este martes al ser consultado al respecto.
Mientras en la Asamblea Legislativa donde se deberá dilucidar el grueso de las medidas planeadas por el Ejecutivo, los diputados se muestran escépticos.
«La única manera de mejorar la situación es haciendo cambios reales, materiales, estructurales y presupuestarios, mientras eso no suceda la desconfianza va a continuar», declaró el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz quien promovió la comparecencia del titular de Hacienda.
Vìa – Elobservadorcr
