El Gobierno de la República exigió la liberación de más de 13 ciudadanos nicaragüenses.
El llamado lo emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), dirigido por el canciller Manuel Ventura, quien urgió a las autoridades del vecino país que cese de inmediato el asedio policial a familiares de presos políticos, el párroco y fieles que se encuentran en la iglesia de San Miguel, en Masaya.
“El Gobierno de Costa Rica reitera su profunda preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y la libertad religiosa, todos ellos garantizados por la Constitución nicaragüense.
Costa Rica reitera su preocupación por la crisis política, social y económica que vive Nicaragua desde abril de 2018, la cual debe ser resuelta respetando el Estado de derecho y mediante elecciones libres, participativas, transparentes y con observación internacional”, expresó por medio de un boletín a la prensa.
ASEDIO
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la policía nicaragüense impidió este domingo que se entregara agua a familiares de manifestantes presos que llevan cuatro días de huelga de hambre dentro de una iglesia, en reclamo por la liberación de sus allegados, denunciaron fuentes eclesiales.
Tras ser retirados del lugar, los parroquianos marcharon por algunas cuadras de Masaya, 30 kilómetros al sureste de la capital Managua, para exigir la liberación de más de 130 opositores.
La policía mantiene sitiada la iglesia San Miguel de Masaya desde el pasado viernes, cuando 11 madres y familiares iniciaron un ayuno en el marco de la campaña «Navidad sin presos políticos».
En represalia, el gobierno cortó el agua, la electricidad y las comunicaciones en la parroquia.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó en un comunicado el «asedio y hostigamiento» que sufren los familiares en ayuno, y rechazó la detención «abusiva y arbitraria» el pasado viernes de 13 líderes sociales por solidarizarse con los huelguistas, entre ellos la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens.
Grupos de oposición y familiares de presos calculan que 139 personas continúan encarceladas por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, aunque las autoridades no reconocen que haya presos por motivos políticos.
