En una lucha por controlar las rutas del narcotráfico en la región colombiana de Catatumbo frontera con Venezuela, grupos armados ilegales han obligado a unas 40.000 personas a huir de sus hogares, según informó el jueves la organización Human Rights Watch.
Un reporte de 64 páginas sobre abusos de grupos armados cometidos contra civiles en la zona montañosa, reflejó la situación considerable de seguridad que afronta Colombia después de que el gobierno firmara un acuerdo de paz en 2016 con la guerrilla de las FARC, lo que dejó un vacío ocupado ahora por grupos armados más pequeños que se han instalado en Catatumbo y otras zonas remotas, desencadenando una nueva oleada de violencia impulsada por el narcotráfico.
Las rutas de la droga y las plantaciones de coca abandonadas por los rebeldes de las FARC en la región se disputa por tres grupos armados combaten, según el informe titulado «La Guerra en el Catatumbo».
Se trata del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un pequeño contingente de ex combatientes de las FARC.
Estos grupos han expulsado de sus hogares a miles de habitantes de zonas rurales, asesinado a líderes comunitarios y reclutado de forma forzosa a menores, añadió el reporte, que también incluye entrevistas con niños obligados a cosechar hojas de coca, la materia prima para fabricar cocaína.
«El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituye una oportunidad histórica para frenar los graves abusos y las atrocidades asociadas con décadas de conflicto armado», indicó HRW en la introducción a su informe.
«Sin embargo, la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno colombiano en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles«, reflejó el documento.
Catatumbo linda con Venezuela y en 2017 produjo en torno al 15% de la cocaína colombiana, según cifras de Naciones Unidas. Los traficantes de droga utilizan la región como base para exportar cocaína.
La respuesta del gobierno colombiano, afirmó la ONG, no cumple con las obligaciones internacionales de proteger a los civiles en la zona, incluidos unos 25.000 inmigrantes venezolanos que huyeron producto de la crisis y se han visto forzados a ejercer trabajo sexual en Catatumbo y cosechan hojas de coca en un intento desesperado de alimentar a sus familias.
Solo dos miembros de grupos armados han sido condenados por asesinatos en Catatumbo, que solo el año pasado, se registraron en la región 231 homicidios, el doble que antes del acuerdo de paz con las FARC.
Human Rights Watch pidió al gobierno colombiano que aumente el número de investigadores que trabajan en casos de desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones en la región. También instó a Bogotá a asegurarse de que los inmigrantes venezolanos regularicen su situación para que puedan encontrar trabajo en zonas más seguras del país.
Fuente HRW
