Proyecto obligaría a cambiar distribución
El diputado liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presentó una iniciativa de ley para obligar al Ministerio de Hacienda a trasladar a los cuerpos policiales y al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la totalidad de recursos que obliga la normativa, en cuanto a lo que se recauda del impuesto a las personas jurídicas.
En una audiencia en dicha comisión, el viceministro de Hacienda Rodolfo Cordero explicó que la cartera no puede saber al principio del año cuántos recursos totales se recaudan por este impuesto, por lo cual la transferencia que se hace se basa en la certificación que les otorga la Contraloría General de la República (CGR).
Cordero puso el ejemplo del año 2018, cuando la certificación arrojó un monto de ¢21 mil millones.
Por ley un 6% se debe trasladar al Poder Judicial, de ahí quedaron ¢19.740 millones, de los cuales un 90% se pasó al MSP (¢17.766 millones), un 5% al Ministerio de Justicia y otro 5% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Pero al final del tercer trimestre de ese año, este impuesto generó poco más de ¢4 mil millones que no fueron trasladados.
La iniciativa de ley (que se conoce con el expediente 21.551) establece que la Contraloría deberá actualizar en la certificación de ingresos del presupuesto de la República la estimación de lo recaudado.
“Trimestralmente deberá actualizar esa estimación para que Hacienda incluya en el presupuesto vigente la nueva certificación y mediante presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria se asignen los recursos actualizados”, indicó Viales.
En esa misma comisión el jerarca de Hacienda rechazó la posibilidad de los presupuestos adicionales ya que, basado en el principio de anualidad y la normativa, les impide integrar esos excedentes en los extraordinarios.
El argumento de Cordero es que ellos no pueden adivinar cuánto sería el monto final y sería irresponsable inyectar esos recursos adicionales, ya que por el poco tiempo para ejecutar las instituciones estarían imposibilitadas y terminarían con subejecución.
FALTAN
Pero Viales y otros congresistas de la comisión insisten en que los reclamos del ministro de Seguridad de turno es que no tienen los recursos necesarios para solventar las necesidades.
Viales puso el ejemplo de este año, cuando la certificación de la Contraloría indicó ¢24.700 millones, pero que para abril ya Hacienda había recaudado el 81% del impuesto.
El diputado preguntó al viceministro Cordero si Hacienda había solicitado una revaloración a la Contraloría sobre el monto, tomando en consideración que podría darse un giro mucho mayor, pero este indicó que no se hizo ninguna gestión.
También llamó la atención que el MSP no ejecutó en 2018 alrededor de ¢5.000 mil millones.
“Realmente es indignante que las autoridades encargadas no puedan transferir los recursos que se necesitan y que a mitad de año no exista certeza de cuánto hace falta por transferir. Las condiciones de infraestructura de las delegaciones policiales se encuentran en una situación delicada. En la actualidad existen 105 delegaciones con órdenes sanitarias, 79 en condiciones de infraestructura mala y solamente 18 tienen un plan remedial para atender esa orden sanitaria.
Consideramos que la totalidad de lo recaudado de esos recursos se puede venir a resolver la situación precaria en la que se encuentran las delegaciones policiales en distintas partes del país”, finalizó el liberacionista.
