El proyecto de ley que pretende establecer un impuesto de un 5% a la importación de cemento y gravar la venta de este producto en todo el país avanza en el Congreso.
Los diputados de la comisión de asuntos municipales discutieron 65 mociones que se presentaron al texto.
Dentro de los cambios más importantes destaca la distribución de los ingresos, pues esto será variable en cada provincia.
En el caso de Cartago un 20% se destinará a la municipalidad del cantón central y un 5% se repartirá entre centros educativos, asociaciones de desarrollo y el resto de municipalidades de la provincia.
El 50% de lo que se produzca en las provincias de Limón, Heredia, Alajuela y Puntarenas se distribuirá equitativamente entre los municipios donde se produzca el cemento; un 40% entre las demás municipalidades y el 10% a la federación de desarrollo de asociaciones de cada provincia.
En Guanacaste se mantiene una distribución equitativa entre los municipios.
Este proyecto busca que cualquier empresa de cemento que se instale en el país pague el impuesto del 5%, ya que actualmente solo se cobra a las cementeras ubicadas en las provincias de Cartago, San José y Guanacaste.
