Autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) consideran perjudicial para el accionar de ambas instituciones la Ley de Contratación Pública que se analiza en el Congreso.
Los presidentes de ambas instituciones fueron recibidos este lunes en la Asamblea Legislativa por los diputados que integran dicha comisión, la cual se plantea ordenar y transparentar las contrataciones y compras públicas que hacen las diferentes instituciones del Estado.
Según Elián Villegas, presidente ejecutivo del INS, señaló los motivos por los cuales consideran “perjudicial” la iniciativa, pues desnivela la cancha con empresas aseguradoras internacionales que ofrecen sus servicios en el país.
“Con la reforma que se está proponiendo el Estado y sus instituciones no quedan facultadas para contratar sus seguros con el INS, es una facultad que hoy existe y que se deroga implícitamente”, destacó Villegas.
Además, que la mayoría de contrataciones que sirven de medio para que el INS ejerza la actividad aseguradora se tendrían que realizar por medio de licitaciones mayores, lo cual significa un problema adicional.
“Genera un desequilibrio mayor con respecto a las otras aseguradoras en su condición de empresa pública”, agregó Villegas.
Argumentan que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se adquirieron compromisos establecidos en la ley de regulación de seguros para flexibilizar y agilizar procedimientos de contratación administrativa, situación que sufriría un retroceso.
Lo mismo defiende la directora ejecutiva de INCOFER, Elizabeth Briceño, quien defiende los procedimientos actuales de la institución en dicha materia, los cuales fueron aprobados con la ley de fortalecimiento de la institución en junio de 2016.
Asegura que se tiene muy poco de gozar con una directriz que permite una mejor respuesta para realizar contrataciones, habilitar equipos, comprar repuestos y materiales y hacer reparaciones de la vía férrea.
“Al ser un proyecto con cerca de 250 artículos se convierte en una ley muy reglamentista y en la parte operacional se complica bastante dentro del sector público”, según Briceño.
Por último, recomendó incluir dentro del proyecto un reglamento de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas, ya que permiten sacar provecho a experiencias y capacitaciones.
Vía – TELETICA
