El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (DFPP-TSE) tiene en su mira a siete agrupaciones.
Se trata de Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense (PRC), Auténtico Limonense (PAL) y Liga Ramonense (LIRA).
Los expedientes de este tipo se tramitan inicialmente en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Este prepara una auditoría con la información recabada y lo remite, con todo y conclusiones, a la Dirección de Registro Electoral.
Ese último órgano, de acuerdo con su encargado, Héctor Fernández, puede resolver:
- Solicitar una investigación preliminar a la Inspección Electoral, a efectos de establecer si hay o no mérito para instaurar un procedimiento administrativo sancionatorio
- Ordenar que se abra de una vez el procedimiento administrativo sancionatorio, si existe certeza de que la calificación jurídica y legal, efectivamente constituyen una falta
- Remitir el caso al Ministerio Público, ya que las actuaciones encontradas en el proceso son presumiblemente configuradoras de delito
El funcionario explicó a El Observador que esas pesquisas no tienen plazo de caducidad y, más bien, su vida depende de la partida que se trate o de la cantidad de involucrados.
Fernández destacó que la cantidad de expedientes llevados en esa oficina del Tribunal es cada vez menor, desde 2010. Lo anterior por cuanto las agrupaciones se han vuelto cada vez más cautas y experimentadas al presentar la liquidación de gastos.
Controversia por título profesional
El oficialista Acción Ciudadana tiene abierto un proceso por una posible anomalía en los contratos suscritos con Enrique Sánchez, por los servicios que este ofreció en la campaña del 2010, cuando el partido competía de la mano de su fundador Ottón Solís.
Según lo dio a conocer en mayo pasado el sitio de noticias ElMundo.cr, Sánchez, ahora diputado, firmó un compromiso de servicios profesionales por hasta ¢10 millones con un grado académico diferente al que posee, al estipularse que era licenciado en periodismo.
Consultado por este medio, el legislador dijo que no se referiría al respecto, pues conoce que la investigación se mantiene en curso.
No obstante, cuando el diario digital publicó los contratos, Sánchez defendió que se trataba de un «error material».
Estructura paralela y otros
En mayo de 2018, el presidente y actual diputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, denunció un supuesto manejo irregular del financiamiento del candidato Fabricio Alvarado, durante la segunda ronda.
Dicha supuesta estructura paralela también fue identificada por el Tribunal Suprema de Elecciones, que en marzo de 2019 remitió un informe al Ministerio Público.
El congresista atribuyó entonces al equipo detrás del aspirante de su partido, gastos que no podían acontecer en un proceso político.
Los contratos, además, no contaron con el consentimiento del Comité Ejecutivo del partido.
Actualmente, a Restauración Nacional diferentes entidades y personas físicas le cobran hasta ¢367 millones por servicios como: estrategias políticas, publicidad y encuestas de opinión pública.
Montaje en fotografías de vallas
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos también investiga al Republicano Social Cristiano, por emplear montajes fotográficos, para cobrar ¢9 millones deuda pública al Tribunal Supremo de Elecciones.
Según el diario La Nación, con esas ediciones de imagen, la agrupación hizo pasar como reales al menos dos «publitapias» que en realidad permanecían vacías frente a vías públicas en Coronado y Guadalupe, en San José.
El periódico consiguió que el dueño de uno de los espacios, así como vecinos de los lugares, respaldaran que ninguno de las vallas en realidad existió.
El Observador consultó al respecto al presidente y parlamentario del partido, Dragos Dolanescu, quien señaló que él era «el principal interesado» en que se resuelva la pesquisa. Asimismo, señaló que los montajes que investiga la autoridad electoral se incluyeron por error en la liquidación de gastos.
