Tras varios años de investigación y cuestionamientos, la actual alcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López Gutiérrez, así como el exjerarca de esa municipalidad, Jorge Chavarría Carrillo, irán a juicio. A ambos se les acusa de enriquecimiento ilícito, así como por otras presuntas ilegalidades.
Esta mañana, el Ministerio Público informó que, tras la solicitud de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con sede en Guanacaste, se elevó a juicio el caso, seguido por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, legislación en provecho propio e influencia en contra de la Hacienda Pública.
«La solicitud de apertura a juicio fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, mediante una resolución del 19 de febrero anterior», detalló la oficina de prensa del ente acusador.
Según la investigación, los hechos se dieron entre el 7 de febrero y el 30 de abril del 2016, cuando Chavarría laboraba como alcalde y López fungía como vicealcaldesa de la Municipalidad de Santa Cruz. Luego tras su victoria en las elecciones del 2016, a partir del 1 de mayo de ese año, López asumió como alcaldesa.
La Fiscalía acusa a la funcionaria de haber recibido de forma ilegal el pago del rubro salarial de prohibición, que corresponde a un monto del 65% adicional al salario base. Esto ocurrió entre febrero del 2011 y mayo del 2015, en su posición de vicealcaldesa.
Para que López recibiera ese porcentaje extra, el 16 de febrero del 2011, Chavarría ordenó la inclusión de la funcionara como empleada del municipio y el pago por concepto de prohibición.
Desde febrero del 2019, el Ministerio Público formuló la acusación. En el periodo en cuestión, López habría recibido ¢84 millones de forma indebida.
Más allá del pago
Pero además López enfrenta acusaciones por otros hechos, cuando ya se convirtió en alcaldesa, por un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el 28 de marzo del 2017.
Ese día, el órgano acordó contratar un abogado externo para, en la vía contencioso administrativa, tramitar la anulación de las gestiones administrativas que permitieron el pago presuntamente indebido.
El 1 de abril, López emitió un acto administrativo que vetó el acuerdo del Consejo Municipal para la contratación del abogado.
- Artículo 45 -Enriquecimiento ilícito: sancionado con prisión de tres a seis años quien, aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la administración de fondos públicos, «por sí o por interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas»
- Artículo 48 – Legislación o administración en provecho propio: sancionado con prisión de uno a ocho años, al funcionario que avale o participe en actos que generen beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para empresas con las cuales tiene participación
- Artículo 57 -Influencia en contra de la Hacienda Pública: penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario que realice actos lesivos a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público
Antes en marzo del 2018, el alcalde Chavarría Carrillo fue sancionado por la Contraloría General de la República, por haber cobrado por años el rubro de prohibición.
Otros cuestionamientos
Ya en noviembre del 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Santa Cruz, por 16 supuestos nombramientos ilegales realizados por la alcaldesa López.
Previamente, la Municipalidad de ese cantón guanacastecto le exigió a la jerarca devolver ¢70 millones, que percibió de forma irregular. Pero ella acudió a los tribunales para no pagar.
En setiembre del 2019, la Contraloría la suspendió sin goce de salarios por 20 días, por faltas contra las normas de control y fiscalización de la Hacienda pública», en relación con una contratación irregular de un edificio.
En su resolución 5075-2018, el ente contralor concluyó que la alcaldesa permitió el traslado de funcionarios a un edificio «sin comprobar de previo que se contara con un procedimiento de contratación válidamente desarrollado conforme a la Ley y Reglamentos en materia de contratación administrativa».
En las pasadas elecciones municipales del 2020, el Auténtico Santacruceño obtuvo la victoria, sacando al Partido Liberación Nacional del poder, cuan el cual llegó López.
Vía – Elobservadorcr
