San José, 29 jul – El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen calificó como ‘absurda’ pretensión de diputados de inhibir al procurador general de la República, Julio Jurado Fernández por ser docente universitario.
Jurado dejó claro ante la comisión legislativa que analiza el financiamiento de la educación superior pública, que constitucionalmente la Asamblea Legislativa no tiene potestad para recortar el FEES que se negocia con el Poder Ejecutivo.
Los diputados del Partido Liberación Nacional, Yorleny León y Wagner Jiménez, solicitarán al procurador general y a otros procuradores que tengan vínculos contractuales con las universidades públicas que se inhiban de conocer asuntos relacionados con temas universitarios, debido a que existiría un posible conflicto de intereses.
Sin embargo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no prohíbe a los funcionarios de esta institución ejercer cargos docentes.
Jensen señaló que «este argumento es a todas luces absurdo. Si siguiéramos esta misma lógica, entonces se debería solicitar igualmente la inhibición de todos los diputados y diputadas que tienen algún vínculo con las universidades públicas, pero igualmente a aquellos que lo tienen con las instituciones de educación superior privada, pues esto también podría suponer un conflicto de interés».
Para el rector casi ningún congresista que está en este momento en la comisión que analiza el FEES podría opinar al respecto, pues por ejemplo la diputada León fue profesora del recinto de Guápiles de la UCR del 2002 hasta el 2017, Wagner Jiménez ha sido profesor y asesor académico en la Universidad Católica y en la Universidad Castro Carazo, Mario Castillo fue por muchos años funcionario del TEC, Eric Rodríguez ha fungido como docente en la UNED, en la UACA y en la UIA, y Enrique Sánchez es actualmente estudiante de la UCR.
«También según esa lógica esgrimida por algunos diputados liberacionistas, se debería solicitar la inhibición de gran parte de la Corte Plena, pues cinco de sus miembros son actualmente docentes de la UCR y tres más lo fueron en algún momento, o son egresados de esta casa de estudios. Esto nos llevaría a la insólita situación de que los asuntos de la UCR o de las universidades públicas tendrían que ser vistos por cortes internacionales, pues en el Poder Judicial muchos de sus funcionarios tienen o han tenido vinculación con estas instituciones», agregó.
Según el rector «es preocupante que la comisión que analiza el FEES emita criterios anticipados y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para ejercer control sobre la educación superior pública».
«También, es preocupante que se digan falsedades, como que no respondemos con transparencia a todas las consultas que nos hacen, o que se emitan criterios sacados de la manga como el de pretender inhibir al procurador porque tiene un criterio contrario al que ellos quieren escuchar. Esto evidencia que el objetivo de esta comisión no es fortalecer la educación superior pública, sino más bien debilitarla», concluyó.
El Mundo
