El actual alcalde de San José, Johnny Araya, deberá presentarse a un juicio por aparente tráfico de influencias la semana antes de que busque la reelección en las urnas.
Dicho debate, en el que también deberán apersonarse el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala subrogante Berenice Smith, está programado del 20 al 25 de enero en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Las elecciones en cambio están convocadas para el 2 de febrero siguiente.
El defensor del gobernador local, Alfonso Ruiz, explicó que el 11 de octubre pasado pidieron al órgano jurisdiccional reprogramar, debido a que Araya había solicitado vacaciones esas dos semanas para realizar actividades proselitistas.
Cuatro días más tarde, el Tribunal Penal rechazó la petición al considerar que «participar en una campaña electoral no es un motivo para suspender una audiencia», según el jurista.
«Don Johnny ha asumido con mucha tranquilidad el tema. No es algo que de alguna manera, pienso yo, sea lo idóneo por el proceso electoral en el que él se encuentra. De alguna forma, y así lo pusimos en el documento, se le concede una cierta ventaja a los contrincantes en el sentido de que durante esa semana él va a estar en juicio mientras que los demás estarán con todas las actividades político-electorales que quieran», indicó Ruiz.
El defensor negó que él o su cliente pensaran que se tratara de un cálculo político y dijo que más bien cree que es una coincidencia.
También descartó que insistieran con algún reclamo en otras vías.
Diferente sucedió con la representación legal de Smith, a cargo de Federico Campos, que según supo este medio, presentó un recurso ante la Sala Constitucional después de que se les denegara un cambio de fechas.
Esa parte pidió inicialmente la variación porque Campos ya había confirmado su presencia en otro debate, programado para los mismos días.
En cambio, la abogada Natalia Gamboa, dijo que su hermano Celso, a quien defiende, se presentará al juicio cuando se le solicite.
Nombre eliminado
El caso en cuestión se abrió en noviembre de 2017, cuando el diario La Nación reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) eliminó el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, de un expediente judicial en el que figuraba.
Lo anterior supuestamente ocurrió en diciembre de 2015, cuando el gobernador local aspiraba al cargo que actualmente ostenta.
En ese momento, el periódico pidió al órgano acusador del Estado corroborar si el jerarca municipal y los demás 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas
Araya aparecía como imputado junto a otras tres personas en la causa 12-00096-621-PE (de la que se borró el nombre), pero fue sobreseído en julio de 2016.
Reiteradamente el alcalde ha asegurado que quien lo denunció, se retractó y luego aclaró que él en realidad era un testigo del caso.
Las presuntas irregularidades en la causa las denunció la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, ante el Tribunal de la Inspección Judicial.
De acuerdo con la periodista, en la aparente gestión para favorecer al alcalde participaron el entonces fiscal adjunto, Celso Gamboa, el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, y la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Revocatoria de nombramiento
Por este mismo caso la Corte Plena abrió un proceso disciplinario contra el abogado Celso Gamboa, ya que, para cuando trascendió el supuesto tráfico de influencias, él ocupaba una magistratura en la Sala de Casación Penal.
De hecho, el 3 de octubre de 2018, los altos jueces acordaron revocar su nombramiento, luego de que se le encontrara responsable de una falta gravísima.
Sin embargo para ese momento Gamboa ya había sido destituido por la Asamblea Legislativa por interesarse «indebidamente» en los asuntos judiciales del empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Ello obligó al jurista a defenderse el 21 de febrero de 2018 ante los diputados, sobre los hechos que se le achacaban.
Sobre el presunto favorecimiento al alcalde Johnny Araya, Gamboa manifestó que su involucramiento se debió a un «daño colateral» y una «persecución política», que según él orquestó la Fiscalía General de la República, para apartar al gobernador capitalino de las elecciones presidenciales celebradas el 4 de febrero del 2018.
