El presupuesto nacional 2020 no logró pasar el filtro de la Sala IV, donde fue declarado inconstitucional por incumplir los mínimos que la Carta Magna impone para los rubros de educación y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Aunque el Ministerio de Hacienda no ha profundizado sobre el tema a la espera de conocer el voto completo, el presidente Carlos Alvarado defendió este viernes los imcumplimientos.
Según el mandatario en la preparación del plan de gastos se priorizó el cumplimiento de la Regla Fiscal, impuesta por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“El presupuesto que nosotros presentamos cumple con la regla. Lo hicimos así porque es lo responsable para que el país siga con el saneamiento de las finanzas públicas”, sostuvo Alvarado.
“Estoy absolutamente seguro de que es mejor presupuesto que se podría presentar”, agregó.
¿Podrían gastar el dinero?
La ejecución presupuestaria, uno de los puntos más criticados a la administración pública se convirtió esta vez en el argumento utilizado por el Gobierno para defender la merma presupuestaria.
“Si nosotros lleváramos el prespuesto de educación de donde está hoy al 8% vamos a cumplir el mandato constitucional pero no la Regla Fiscal y para cumplir con ella, como lo advirtió la exministra Rocío Aguilar, tendríamos que cerrar ministerios para compensar”, sostuvo Carlos Alvarado.
Tanto para el caso de la educación como para el del Patronato, la Presidencia señaló además que un incremento de recursos no implica mejores resultados.
“Que nosotros pongamos esa plata ahí no garantiza, como pasó en los últimos 10 años, una mejora”, concluyó Alvarado.
A la Sala
El presupuesto del próximo año ronda los 10,5 billones y llegó la Asamblea Legislativa el 30 de agosto.
La propuesta recibió primer debate el y su aprobación definitiva llegó el .
En el intermedio, sin embargo, un grupo de diputados encabezado por el frenteamplista José María Villalta interpusieron una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto.
Entre otros puntos, los congresistas consultaron por la validez de:
- Disminución de 18 mil millones en el PANI en comparación al 2019 (de 76.7 mil millones a 58.7 mil millones).
- Recorte nominal de 6,08% las transferencias a universidades que comúnmente se destinan a sedes y recintos
- Recursos de entes como CEN-CINAI, FODESAF, Fondo Social Migratorio y Fondo Especial Migratorio no compensan la inflación
- Validez de incluir los recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del presupuesto educativo.
En su mayoría, los puntos fueron avalados por el alto tribunal, quien el lunes emitió un comunicado en el que anunciaba la declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto educativo y de infancia.
