Jeanine Áñez adelantó que si se aprueba en el Congreso la norma que propone el MAS para otorgar inmunidad al ex madatario, la vetará
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió este sábado de que no promulgará una ley como la que propone el partido de Evo Morales para darle inmunidad a él y al resto de autoridades que nombró como presidente. Áñez acusó al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria para dejar impunes a quienes hayan cometido delitos y “burlado de la ley”.
El proyecto del MAS fue presentado hoy, luego de que el Gobierno de Áñez denunciara ante la Fiscalía por cargos de terrorismo y sedición a Evo Morales, quien abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar la Presidencia y recibió asilo en México.
“Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad”, subrayó Áñez en un breve discurso al país. “No voy a promulgar esa ley”, recalcó la mandataria provisional, sobre su decisión “clara y firme” para no otorgar protección “a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”.
«Esta ley de la impunidad no debe ser aprobada», insistió, para añadir que los principios de su Gobierno «no son negociables».
La jefa de Estado interina, quien asumió el poder tras la renuncia de Morales, señaló que su Ejecutivo “no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”, pero “todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”. “No vamos a participar escribiendo una historia de infamia”, concluyó en un discurso desde el palacio de Gobierno en La Paz.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Senadores por Sonia Chiri, senadora indígena quechua del MAS, para prohibir “aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales, funcionarios, líderes sociales, sindicales y otros nombrados por su Gobierno.
La senadora Chiri, una comunicadora social conocida por programas culturales para comunidades indígenas, denuncia la «vulnerabilidad» en que se encuentran quienes busca proteger este proyecto de ley, así como sus familias, lo que «requiere de acciones inmediatas del Estado».
El pasado viernes el Gobierno provisional de Áñez denunció ante la Fiscalía a Morales y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, acusándolos de terrorismo y sedición por supuestamente instar a actos violentos en el país.
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir a México, donde está asilado.
La renuncia es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
Con información de EFE
