La evaluación de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicada el 23 de febrero, reveló que 7,9% de los venezolanos están bajo una inseguridad alimentaria severa, es decir, tiene brechas extremas en el consumo de alimentos, o padece un extremo agotamiento de las condiciones de vida (trabajo, bienes, servicios públicos) que conduce a brechas en el consumo.
Una de las regiones más afectadas es Guayana, siendo el estado Delta Amacuro la zona con mayor índice de inseguridad alimentaria de la región, con 21%. Amazonas representa 15% y el estado Bolívar representó 11%.
La nutricionista y activista por los derechos humanos, Susana Raffalli, establece 3 factores por los cuales las regiones al sur del país son de las que más sufren de inseguridad alimentaria: el desplazamiento interno buscando oportunidades económicas en el Arco Minero del Orinoco, el accionar de grupos armados irregulares en esas zonas, y personas que se desplazan en la búsqueda de servicios públicos. “Las personas que están desplazadas de su lugar de origen pierden sus medios de vida habituales y pasan a ser personas que no tienen cómo subsistir”, señaló.
Además Raffalli resaltó que la inseguridad alimentaria en estas zonas también está relacionada a la malaria, pues Guayana es una de las regiones más endémicas. “Si bien la malaria no da directamente inseguridad alimentaria, esta compromete el presupuesto familiar y como enfermedad, causa desnutrición”, aseguró.
El deterioro de todos los servicios públicos como agua, electricidad y gas, también influye en la agudización de la seguridad alimentaria. Tanto en el estado Delta Amacuro como en el estado Bolívar hay un deterioro generalizado de todos los servicios públicos, siendo el agua y la electricidad los más deficientes.
“Hay 9,3 millones de venezolanos a los que se les acabaron las reservas para aguantar más”, expresó la nutricionista experta en seguridad alimentaria en contextos de crisis humanitaria refiriéndose al 32,3% de la población venezolana que se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria severa o moderada, esta última quiere decir que en ese caso, las personas tienen brechas significativas en el consumo de alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentos únicamente empleando estrategias de afrontamiento irreversibles.
La evaluación de seguridad alimentaria apuntó que 7 de cada 10 venezolanos reportó que siempre hay comida disponible y que el problema real es la reducción del poder adquisitivo lo que impide el acceso a los alimentos. Esta evaluación tiene como indicadores principales el hambre, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad máxima.
El hambre como decisión política
El hambre puede ser una decisión política, indica la nutricionista y consultora en Seguridad Alimentaria y Gestión de Catástrofes. En un contexto de secuestro del sistema alimentario que se evidencia a través de decisiones ejecutivas destinadas a la desarticulación del aparato productivo del país, Raffalli explica los factores políticos que contribuyen con esta escala de inseguridad alimentaria que azota a todo el territorio nacional.
“Estamos hablando de un proceso de destrucción masiva de nuestra capacidad productiva nacional desde 2012, documentado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). De la expropiación de tierras que ahora están baldías, la expropiación de industrias alimentarias que pasaron a ser estatales y que ahora están al mínimo de su capacidad”, señaló.
Además la experta hizo referencia a las multas y expropiaciones en contra de la empresa privada, y a la persecución de dueños de automercados. Todo esto ha contribuido con que la capacidad nacional de proveer seguridad alimentaria esté limitada, lo que se traduce directamente en menos probabilidades de supervivencia para las poblaciones más vulnerables en caso de un empeoramiento de la crisis, las personas pertenecientes a este grupo son niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes, y adultos mayores.
“Esto implica que su capacidad de adaptarse y amortiguar una profundización de la crisis política, económica y sanitaria del país es nula, y que cualquier empeoramiento los va a quebrar, morirán más niños de desnutrición”, enfatizó.
Fallas en la distribución de alimentos
La ONG Ciudadanía en Acción en su informe 2019 señaló que uno de los factores clave para entender la inseguridad alimentaria es, también, una incorrecta distribución de los alimentos.
Esta organización registró un déficit alimentario del 62,6% en todo el territorio nacional y apuntó que los subsidios estatales no satisfacen las necesidades de los sectores económicos que deberían, pues las comunidades y regiones más céntricas cuentan con mayor acceso a los alimentos que las más lejanas.
La principal iniciativa estatal para -en teoría- solventar las carencias alimentarias, es el programa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), sin embargo, esta solo cubrió 5,8% de la distribución alimentaria nacional en 2019 y además redujo sus suministros en 60,38%.
Se ha demostrado que no solo hay corrupción detrás de este programa alimentario sino que también es una herramienta de subordinación, para Raffalli este es un programa de dominación y control.
Actualmente al menos el 83% de los venezolanos dependen de este programa alimentario, según Datanalisis. En este contexto, el informe señaló que las parroquias que gozan de una mayor distribución de alimentos de este programa, y por ende, mayores probabilidades de acceso, son las parroquias más céntricas del país. A estas se les distribuye el 41,3% del total de las cajas de alimento, a diferencia de las parroquias con más vulnerabilidad nutricional y alimentaria, que son las periféricas. A estas solo llega el 3,7% de las cajas.
Además este informe precisó que los venezolanos han sustituido la carne, huevos y lácteos de su plato, -cuya disposición es de 5,2%, 3,2% y 1,7% respectivamente en todo el territorio nacional- por cereales, que representan el 49,9%, y tubérculos, que representan el 18% de la disposición nacional por cada 36,74 kg de peso per cápita.
Lo que guarda relación con los resultados arrojados por el análisis de la Evaluación de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos: casi uno de cada cinco hogares (17.8%) tiene un nivel inaceptable de consumo de alimentos, del cual 12.3% tiene consumo de alimentos límite y 5.5% un consumo pobre.
