El fideicomiso se formó por un lado, en Venezuela, por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, y el ilegitimo procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, bajo los lineamientos de Wilmer Ruperti. Por otro lado, a nivel internacional, por David Boies, reconocido abogado defensor de Campo Flores y Flores Freitas en el famoso caso por tráfico de sustancias ilícitas, y con la participación adicional del detective privado John Brennan
A finales del mes de febrero de 2018, el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust introduce dos demandas coordinadas en forma simultánea. Se trata exactamente del mismo litigio, en contra de los mismos actores, una se introduce en Florida (demanda civil con fines de lucro) y la otra en Ginebra (querella). La estrategia se basó en presionar y producir algún tipo de prueba a través del fiscal en Ginebra y alimentar así el caso en Florida donde, según experticias realizadas durante el juicio y las investigaciones, no existe aún algún elemento probatorio sobre estafa, lavado, soborno y/o espionaje electrónico.
El fideicomiso se formó por un lado, en Venezuela, por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, y el ilegítimo procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, bajo los lineamientos de Wilmer Ruperti. Por otro lado, a nivel internacional, el parapeto legal es formado por David Boies, reconocido abogado defensor de Campo Flores y Flores Freitas en el famoso caso por tráfico de sustancias ilícitas, y con la participación adicional del detective privado John Brennan.
Los daños a PDVSA: los famosos 10 mil millones de dólares
La cifra querellada surge de un informe de Brennan, participante con interés directo en cualquier beneficio obtenido por el fideicomiso, y parte de los supuestos daños ocasionados a PDVSA por la manipulación de precios. Es sugerente el hecho de que al revisar la experiencia de Brennan, se pudo rescatar su falta de experticia en el sector petrolero. Así el monto creado, dada su variabilidad, al parecer exclusivamente con fines mediáticos, osciló desde una declaración inicial de 10 mil millones de dólares, pasando por 40 mil millones de dólares, hasta reducirse en algún momento a 3 mil millones de dólares. Lo anterior, es un importante indicativo, de lo incierto de su origen. Lo registrado es que el monto fue presentado desde un inicio por Boies y Brennan, ambos con interés directo y porcentajes de cobro de cualquier dinero que se obtenga del litigio, bien sea por el acuerdo entre las partes o vía alguna sentencia.
En una extraña paradoja, luego de revisar la documentación presentada por Brennan, en el récord público, se puede verificar que la misma carece de elementos probatorios sobre alguna transacción comercial ilegal o sospechosa identificada por Pdvsa. Asimismo, tampoco se registran transacciones que indiquen reajustes de precios para favorecer a algún cliente. Es decir, los supuestos daños ocasionados a Pdvsa, no son descritos ni respaldados en el informe que da pie a la demanda. Mientras que Helsinge y otras grandes empresas petroleras (Lukoil, Glencore, Trafigura y Vitol, entre varias) han podido demostrar –a través de distintas averiguaciones judiciales– que todas las adjudicaciones obtenidas, y sus negociaciones con Pdvsa, han sido a través de licitaciones públicas, producto de la competencia y siempre pagando el mejor precio, ya sea en la compra o venta de petróleo o sus derivados.
Así, es notable que luego de varios meses de investigación y acciones judiciales, la cantidad ideada por Boies y Brennan, no se encuentra depositada en cuenta alguna. Tampoco se han congelados bienes que representen estos miles de millones tan anunciados y repetidos por muchísimos profesionales del derecho y opinadores, profundos desconocedores del mercado petrolero, a quienes Ruperti ha logrado manipular, con un uso masivo de los medios noticiosos. A la fecha, no hay ningún detenido y no se han generado cargos.
El complejo mundo petrolero
Al conversar con expertos petroleros, en aras de entender el alegato de la acusación, señalan que el mercado petrolero se regula por distintos factores de mercado alrededor del mundo, principalmente por el mercado financiero a futuro, en donde se transan a diario el equivalente a la producción mundial de los siguientes tres meses. Así, les resulta cuestionable la tesis de que las empresas demandadas por el fideicomiso, pudiesen manipular un indicador regulado por factores fuera del control de incluso países y gobiernos, como lo son: la fortaleza del dólar, accidentes operacionales, desastres naturales como terremotos, huracanes o eventos geopolíticos, en fin, incontables elementos que afectan la oferta y demanda del petróleo y sus derivados a nivel mundial.
Asimismo descartan que Pdvsa comercialice su producto a un precio fijo. Los precios del petróleo –por los cuales se rige la petrolera en sus transacciones comerciales– se fijan y son transados como un descuento o una prima con respecto a indicadores del mercado internacional. Estos indicadores, como el WTI o el Brent, son públicos y universales y en este sentido no pueden ser manipulados. Así, insisten que es imposible manipular los precios del petróleo a nivel nacional y menos aún, a corto plazo, para un día específico. Para ilustrar lo anterior, mencionan a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, organización económica de ámbito mundial que intenta controlar los precios del petróleo mediante la regulación de la producción. De esta manera, han logrado establecer tendencias que se dan únicamente en el largo plazo. Lógicamente, siendo improbable la supuesta manipulación de precios, tampoco es posible la absurda estafa publicitada de miles de millones de dólares.
La captación de participantes: las fichas de Ruperti
El artífice de esta trama legal es Wilmer Ruperti. Así, para entender la selección y reclutamiento de los personajes es necesario remontar en el tiempo a diferentes procesos judiciales en los cuales se ha visto envuelto el cuestionado petrolero. En alguna de estas, al igual que con el PDVSA US Litigation Trust, personificando de manera fraudulenta a la empresa estatal Petróleos de Venezolana.
En demanda anterior ocurrida en Ginebra en fecha 21 de marzo de 2017 y expediente SV.17.0485-SKA en record público, Daniel Sargeant dueño mayoritario de la empresa Latin American Investment Limited demanda a Maroil Trading y a su dueño Wilmer Ruperti por la cantidad de 67 millones de dólares americanos. Los demandantes reclaman la participación que les corresponde de un “acuerdo extrajudicial fraudulento” ejecutado entre Pdvsa y Ruperti.
Este truculento acuerdo fue el resultado de un engañoso reclamo en donde se utiliza como excusa un contrato de uso de flota petrolera la cual, por mutuo acuerdo entre las partes, había sido retirada del servicio de Pdvsa. En esta oportunidad, Ruperti reclama a la petrolera, sin basamento legal alguno y aún cuando Pdvsa no incumplió ningún contrato, y logra un pago autorizado por su vicepresidente Jesús Luongo (detenido actualmente) de 270 millones de dólares americanos. Extrañamente, el dinero fue entregado exclusivamente a Ruperti –dejando por fuera a los dueños mayoritarios– y a una entidad desconocida y no relacionada llamada Intercontinental View Inc, registrada en Panamá, a la cual, misteriosamente, Ruperti le cede sin ninguna contraprestación, ni explicación, 64 millones de dólares americanos, monto depositado en la cuenta número 10.609230.0 de un banco suizo llamado Banca Zarattini & Co.
Por un lado, parte de esos fondos los utilizó el petrolero para satisfacer lo reclamado por la empresa naviera rusa Novoship, que lo demandó por fraude y consiguió sentencia en Inglaterra. En esta nueva aventura judicial del magnate petrolero se le acusa el haber simulado ser Pdvsa, utilizando a la empresa de su propiedad, registrada en Panamá, llamada PMI trading. Con dicha empresa simuló ser PDVSA Marketing International S.A (PMI) la subsidiaria real de Pdvsa. Asimismo, Ruperti simulaba ser Novoship, empresa estatal rusa, utilizando otra empresa panameña de su propiedad llamada Novoship America. Resultado de este litigio, Novoship logra congelar fondos alrededor del mundo, en incluso las tarjetas de crédito de Ruperti, que pasaba malos momentos sin disponibilidad de dinero. En esta oportunidad, el abogado defensor de Ruperti fue Guerric Canonica, que ahora dice representar a Pdvsa en la investigación penal que se lleva a cabo en Ginebra.
Por otro lado, una pequeña parte de la suma transferida fue utilizada por Ruperti para pagar al escritorio Boies Schiller Flexner LLP, propiedad de David Boies, la defensa de dos venezolanos acusados de intento de tráfico de drogas en Nueva York, los Campo Flores y Flores Freitas, caso muy conocido en Venezuela.
En tanto, William Duker, financista del Pdvsa US Litigation Trust (que es un ex abogado inhabilitado y un delincuente convicto por fraude de la justicia americana), declaró en corte que durante el caso Novoship vs. Ruperti la información de la localización de bienes y cuentas del demandado fue una labor del detective privado John Brennan, contratado por Novoship. En su momento, como contrapartes judiciales, Ruperti intentó sobornar a Brennan y posteriormente, una vez cerrada esta demanda, decidió llamarlo para contratar sus servicios en la trama del fideicomiso.
Esto ubica a Ruperti, junto a tres figuras muy importantes del caso Pdvsa US Litigation Trust: el investigador John Brennan, el abogado David Boies y el abogado Guerric Canónica, que ahora dice representar a Pdvsa en la querella que se lleva a cabo en Ginebra. Es notable y alarma el descarado conflicto de intereses entre Canónica y el fiscal Johan Droz, que llevaba la causa en Ginebra. Trabajaron juntos en el mismo bufete, perteneciente a la Familia Canónica, que poseen en conjunto con Droz una sociedad activa y operativa registrada en Luxemburgo.
En este contexto, todos cercanos a Ruperti y presentes en la demanda del Pdvsa US Litigation Trust, también se encuentra Vanessa Acosta Friedman ex esposa de Francisco Morillo, uno de los demandados por el fideicomiso. Acosta Friedman, habiendo previamente intentado chantajear a su ex esposo, acude y se relaciona sentimentalmente con Ruperti. Consta en la declaración jurada de William Duker la relación de larga data que mantiene Acosta Friedman con Ruperti y su papel en aportar la supuesta evidencia al caso. Así las cosas, en la demanda formal, de acceso público (caso 1:18-cv-20818), Acosta Friedman dice tener un computador portátil supuestamente perteneciente a Morillo, al respecto curiosamente se documenta, a medida que avanzó el caso, como modifica en cinco oportunidades su versión sobre el origen del equipo y el manejo del mismo. Por un lado, argumenta haber sufrido, desde el año 2009, un entramado de persecución por la devolución de la máquina. Por otro lado, finalmente, declara el total desconocimiento de la existencia del computador hasta el año 2015 cuando “casualmente” lo encontró.
Para consolidar su idea del fideicomiso, Ruperti acude al abogado Roberto Mirabal Acosta, del desconocido bufete Mirabal, Salinas & Asociados que “casualmente” despacha desde la oficina donde opera la empresa Global Ship Management propiedad de Ruperti. Lo anterior, según pudimos constatar en los RIF de ambas empresas (AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA EDIFICIO PARQUE CRISTAL PISO 13 OF 13-10 URB LOS PALOS GRANDES CARACAS, CHACAO, MIRANDA ZONA POSTAL 1061). En febrero 2017, Mirabal acababa de ser cesado del cargo de ministro del Desarrollo Minero Ecológico, con el cual participó en los cuestionados juicios internacionales por la expropiación de concesiones de empresas mineras a las cuales posterior a la indemnización por la expropiación se le vuelven a otorgar las concesiones. Aquí compartió roles de negociador con dos figuras del momento: el falso procurador, declarado como usurpador del cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza y el, para entonces, Ministro de Energía y Petróleo: Nelson Martínez. Respecto a la participación de ambos en el fideicomiso, incluso la corte Americana que presidió el caso del PDVSA US Litigation Trust comentó sobre la “autoridad cuestionable” de Muñoz Pedroza y Martínez para firmar el acuerdo de fideicomiso.
Esto coloca en la misma mesa, la de Ruperti, a todos los participantes del caso Pdvsa US Litigation Trust.
La conjura y el chantaje
Inicialmente, Ruperti instruye y le entrega una suma importante de dinero a Acosta Friedman, para que se reúna con el investigador John Brennan. Así, Acosta Friedman, que detenta la ciudadanía americana –según un pasaporte americano– vuela el 12 de enero de 2017, en avión privado siglas YV3174. Dicha aeronave perteneciente a Hugo Carvajal (según reportes de prensa regalado por el contratista detenido en Houston, Roberto Rincón). Estos desplazamientos, como ciudadana americana, van en flagrante violación de la inclusión y sanciones de Carvajal como narcotraficante, en 12 de septiembre de 2008, por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). El mencionado se encuentra actualmente en prisión madrileña, en proceso de extradición a los Estados Unidos, acusado de los delitos de narcotráfico y de su defensa legal se encarga Ruperti según lo revelado por el diario ABC de España.
Luego de múltiples reuniones de todos los participantes, muchas de la cuales fueron documentadas en los movimientos migratorios en aviones privados (aeronave siglas N126KL en día 2/9/2017 de las Bahamas a Maiquetía, aeronave siglas N460QS; el día 12/10/2016 entre Maiquetía y Madrid; entre otras). Deciden crear el parapeto legal del Pdvsa US Litigation Trust , para ello utilizan la firma del usurpador de la procuraduría Reinaldo Muñoz y chantajean al ministro de Energía y Petróleo Nelson Martínez, según se puede ver en una carta fechada 18 de abril del 2017 en la cual David Boies le indica a Nelson Martínez, que el procederá a demandar independientemente de que Pdvsa sea o no su cliente. Pero en caso de que no le otorgue la representación de Pdvsa, lo incluirán a él personalmente en la demanda, como parte de la supuesta trama corrupta. Se pudo conocer también que Boies, de manera ilegal, prescindió de introducir este documento en el proceso probatorio llevado a cabo en la corte Federal de Florida debido a su contenido inflamatorio y francamente ilegal.
El lucro de los involucrados
Obviamente, la duda es si no existen daños recuperables a Pdvsa, ¿por qué embarcarse en un proceso tan complicado? La explicación se basa en los diferentes intereses de los protagonistas, primero la venganza personal de Ruperti y de Acosta Friedman; el primero en contra de sus enemigos de larga data y la segunda por su despecho y frustración de un divorcio con capitulaciones. Luego también las promesas de dinero de Ruperti, que según testimonio presentado, ofreció a Vanessa Acosta Friedman, a Roberto Mirabal y al procurador usurpador 6% de lo que pudiera obtenerse.
Pero, ¿si no hay miles de millones en cuentas ni bienes, de donde puede venir el dinero? La triste realidad es que el Pdvsa US Litigation Trust no fue creado para hacer justicia o devolver dinero recuperado a los venezolanos. El fideicomiso es una repetición de las tácticas extorsionistas y mafiosas de sus creadores y participantes. Esta artimaña legal se conformó con la simple idea de que siendo la mayoría de los demandados gigantes empresas internacionales de trading, las mismas pagarían importantes cifras de dinero negociadas a cambio de no abrir sus libros públicamente en un proceso de descubrimiento de pruebas, al que necesariamente irían en el transcurso de las audiencias. Por lo tanto –según teorizaban– estarían dispuestas a entregar cientos de millones de dólares a cambio de evitar el mismo, ya que según los términos del fideicomiso, los abogados se reservaban el derecho exclusivo de llegar a acuerdo extrajudiciales, sin la necesidad de aprobación por parte de Pdvsa o Venezuela. Allí se basa la ganancia y el recobro en la concepción de sus creadores. Como señaló el tribunal de los Estados Unidos, el propósito del fideicomiso era llevar la demanda «con abogados e inversores como los principales beneficiarios». Por esto, entre otras razones, el tribunal desestimó los reclamos del fideicomiso, encontrando que eran impetuosos.
Basta con un acercamiento a los antecedentes de los creadores del fideicomiso para entender el trasfondo mafioso de este entramado legal. Por un lado, David Boies, quien ha estado involucrado en innumerables casos de extorsión y tácticas poco éticas como fue su más reciente actuación, extensamente reportada, en el caso de Harvey Weinstein (productor de Hollywood acusado de delitos sexuales); donde el directamente ordenó la intimidación de las víctimas o Theranos, para la cual Boies servía como miembro de la junta directiva, empresa tecnológica que estafo miles de millones de dólares a inversionistas y clientes con tecnologías falsas. Por otro lado, Wilmer Ruperti, que en el pasado, al igual que ahora, simula que es Pdvsa registrando empresas fraudulentas con los mismos nombres.
Los intereses de Ruperti
Se repite el escenario del paro petrolero 2002. Durante el paro, Ruperti aprovecho el vacío generado por la falta de competencia en Venezuela, para salir al rescate del gobierno de turno y posicionarse como uno de los grandes petroleros del régimen. Uno de los objetivos del ardid legal del fideicomiso de Ruperti fue eliminar a la competencia comercial, ya que muchas de las empresas demandadas, gigantes traders petroleros, se negaron a continuar operaciones con Pdvsa debido a la demanda. En este sentido, el petrolero utilizando a sus fichas logro eliminar al resto de los jugadores del tablero y se apoderó de este mercado, con resultados desastrosos para le gestión petrolera del abastecimiento nacional.
La demanda se complica
El primer problema para Boies, surge cuando en lugar de ir al apetecido proceso de descubrimiento de pruebas con el cual pretendía chantajear, los acusados retan la validez de la asignación de derechos de cobro de Pdvsa al mencionado fideicomiso y más aún, la validez en la legalidad de la creación de este fideicomiso.
Esto abre la discusión y un juez federal señala la necesidad de conocer mejor la ley venezolana y el origen del fideicomiso. Para ello solicita la consecución de expertos en leyes venezolanas, los abogados de Helsinge designan a Rafael Badell Madrid, Glencore, Vitol, Trafigura y las otras empresas y bancos a José Ignacio Hernández. Ambos se presentan exclusivamente como testigos expertos en leyes venezolanas. En tanto, el fideicomiso solo presentan a un experto, Rogelio Pérez Perdomo, suegro de Salinas en el escritorio de abogados Mirabal, Salinas & Asociados.
Estos expertos se limitan a emitir su opinión sobre la validez, o no, de la representación del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, cuya autorización se fundamentó en las firmas de un ministro del poder ejecutivo, Nelson Martínez, y de un particular que dice ejercer la función de procurador de Venezuela, ninguno de ellos con poder de dirigir acciones de Pdvsa –correspondientes a la junta directiva– y, más aún, sin la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuya aprobación es necesaria para asuntos de administración de deuda, activos y soberanía nacional.
Como señalan los documentos de la corte el experto por parte de los demandantes Rogelio Pérez Perdomo, fue desacreditado y rechazado como tal, al fallar a responder preguntas básicas sobre leyes venezolanas y concluir admitiendo que no era experto en las áreas de la ley venezolana aplicables al caso. Por su parte Badell y Hernández expusieron fluidamente sobre la ley venezolana y sus procedimientos, sin entrar en ningún momento a tomar posición, como abogados, sobre los hechos imputados a los demandados.
La decisión de la juez magistrada Alicia Otazo-Reyes fue recomendar desestimar el caso, la cual fue apelada por los demandados ante el juez federal Darrin P. Gayles quien no solo confirmó sino que agrego más causales que evidencian la falta de legitimidad del fideicomiso, esta decisión también fue apelada y se encuentra en proceso en el 11avo Circuito de Apelaciones Americano, en la ciudad de Atlanta.
Paralelamente a este proceso, en Ginebra se continúa con la investigación penal sobre hechos de corrupción, lavado y/o espionaje industrial, a todos los mismos demandados en el proceso de Florida. El mismo está siendo manejado en forma sumarial, detalles de acceso público revelan la reciente salida del Fiscal Johan Droz, quien dirigía la investigación de la Fiscalía del Cantón de Ginebra y quien fue recusado por los demandados. Así como el nombramiento de un nuevo fiscal quien se está familiarizando con la causa, hasta ahora, no ha levantado cargos ni existe algún detenido o acusado de delito alguno.
Para este artículo se contactó a Francisco Morillo y Leonardo Baquero, los que se limitaron a referir a su abogado Alex González de Holland & Knight, que declaró: “Creemos que las decisiones de la Corte están bien fundadas, particularmente a la luz de las circunstancias extremadamente sospechosas que rodean la creación del Pdvsa US Litigation Trust, incluido que no hay evidencia creíble de que alguien en Pdvsa ni la Asamblea Nacional autorizó la creación del fideicomiso. Y también que 66% de cualquier recuperación del fideicomiso no iría a Pdvsa o al pueblo de Venezuela, sino que se dividiría en partes iguales entre los abogados que crearon el fideicomiso, un investigador y la entidad offshore que ha financiado el litigio y que está controlado por un ex convicto. También es muy sospechoso que la persona que supuestamente firmó el fideicomiso en nombre del gobierno venezolano fue encarcelada en Venezuela por cargos de corrupción a los pocos meses de firmar el documento del fideicomiso, y que el supuesto procurador general de Venezuela supuestamente ejecutó un documento de fideicomiso que asigna 66% de cualquier recuperación a particulares y no a Pdvsa o al pueblo venezolano.
