Hace un año conmemorábamos la revuelta de Stonewall haciendo un balance de los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 para la población LGBTI para proyectar qué podíamos esperar en el mundo y particularmente en Latinoamérica.
Al cumplir 18 meses de esta pandemia, vemos cómo las condiciones precarias para realizar cuarentena, por la crisis económica y sanitaria, significaron un incremento de la violencia, la exclusión y la pobreza para nuestra población.
Violencia en pandemia
En primer lugar, la pandemia del COVID-19 ha profundizado las brechas de género, de desigualdad económica y social. Esto ha significado un retroceso importante en la inclusión laboral, participación política y derechos conquistados en décadas de luchas de las mujeres.
Esto es importante de reconocer, porque la situación de las mujeres en esta sociedad de capitalismo barbárico, decadente, es una clara muestra de qué tan profunda es la arremetida contra todos los sectores sociales históricamente oprimidos.
De manera general, la población LGBTI se enfrenta en la mayoría de los países no solo al estigma social, sino a la poca o nula protección de parte de los estados. Y en el marco de esta pandemia, somos uno de los sectores con menos oportunidades económicas y que más frecuentemente somos excluidos de los ya limitados programas de asistencia.
En segundo lugar, prácticamente en todos los países se aplicaron medidas de endurecimiento de regímenes, confinamientos obligatorios y su consecuente fortalecimiento de aparatos de seguridad y fuerzas represivas, ante la emergencia sanitaria.
Esto se ha traducido en un aumento de la violencia por parte de los estados contra la población LGBTI y otros grupos vulnerables.
Desde el año pasado, hemos denunciado graves violaciones a los derechos fundamentales más básicos de nuestra población.
En Uganda, por ejemplo, 20 jóvenes LGBT sin hogar fueron acusados falsamente de violar las restricciones por la COVID-19, siendo detenidos y torturados por la policía.
En Filipinas, aumentaron las denuncias de humillaciones por parte de los funcionarios locales durante el toque de queda a personas LGBT.
En Corea del Sur, luego que los medios de comunicación relacionaran un brote del COVID-19 con los bares gais, aumentó el acoso de usuarios de redes sociales contra la población LGBTI.
En Panamá, se mantienen desde el año pasado las denuncias de abusos y discriminación hacia las personas trans, por parte de las fuerzas armadas del Estado en la aplicación de los días de cuarentena segregada por sexo.
Y más adelante podemos profundizar en los retrocesos en los derechos de las personas trans en Hungría, donde el presidente Viktor Orbán utilizó los poderes dados por la emergencia del COVID-19 para aprobar leyes discriminatorias, que restringen el derecho al reconocimiento de su identidad.
Además, es reconocido como un problema generalizado que mujeres y jóvenes LGBTI han quedado atrapados al ser obligados a realizar cuarentenas en ambientes hostiles o con sus agresores directamente. Esto se refleja en el aumento de las denuncias de casos de violencia, de asesinatos de mujeres y las estadísticas de la violencia de la población LGBTI.
El populismo y la democracia
En tercer lugar, vemos la utilización populista de los derechos de la población LGBTI, por parte de los gobiernos tanto de derecha como lo autoproclamados progresistas.
En EEUU, Donald Trump intentó hacer retroceder las conquistas obtenidas por las luchas de las mujeres, y de la población LGBTI en relación a los derechos reproductivos, la orientación sexual e identidad de género.
Trump en su mandato estableció una “Comisión de Derechos Inalienables” (CUR), que pretendía hacer una diferenciación entre los “derechos fundamentales” y los llamados extraños. Esto es una falsa jerarquía donde los derechos de las mujeres y población LGBTI estaban por debajo de los derechos a la propiedad y religiosos.
Por otro lado, el Reino Unido ha sido conocido en los últimos años por ser el país donde más claramente se demuestra la escandalosa alianza entre los sectores conservadores religiosos y las feministas radicales trans excluyentes (TERF’s). Aunque no es el único, pues también hemos conocido casos en algunos estados de en EEUU y recientemente en España, con la discusión de la ley sobre derechos trans.
La presión política de esta visión esencialista del género como algo inmutable, ha llevado a retrocesos en la legislación inglesa. En diciembre del año pasado, el Tribunal Superior dictaminó que los menores de 16 años no podían dar su consentimiento para utilizar bloqueadores hormonales para la pubertad.
Esto es un grave atentado contra la integridad física y psicológica de las y los adolescentes trans.
En temas de retrocesos en Europa, el caso de Hungría es de los más preocupantes. En este país, además de la legislación “antitrans” ya mencionada, el gobierno prohibió la adopción a parejas del mismo sexo, llamándolas públicamente como pedófilas.
Y es en este mismo sentido, que recientemente se aprobó una ley que prohíbe hablar a los menores de edad sobre homosexualidad, transexualidad y cualquier tema relacionado a la población LGBTI. Una ley que nuevamente criminaliza la orientación sexual e identidad de género, bajo el argumento de cuidar a la infancia de la pedofilia.
La constitución del 2011 impulsada por el mismo partido de ultraderecha húngaro, estableció el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer.
De igual forma ya es muy conocida la persecución y tortura contra activistas LGBTI en Polonia, donde del presidente derechista afirma que “la ideología LGBT es peor que el comunismo”.
Su tristemente famosa “Carta de la Familia” fomenta la proliferación de las “Zonas libres LGBT”, que profundizan la discriminación, persecución y violencia contra la población.
También Egipto continuó aplicando sus políticas de exclusión y discriminación, siendo un asunto simbólico la negativa a reconocer, aunque sea formalmente, los términos “orientación sexual” e “identidad de género” durante el Examen Periódico Universal de la ONU. Niega la existencia de la población LGBTI mientras las detiene y tortura sistemáticamente.
El año pasado, la activista Sarah Hegazy acabó suicidándose en su exilio en Canadá, luego de haber sido detenida, torturada y agredida sexualmente por el gobierno egipcio por levantar una bandera LGBTI en un concierto en 2017 en el Cairo.
Amnistía Internacional y otras organizaciones, denuncian desde el 2017 que tanto Egipto como Túnez, Uganda, Tanzania y Sri Lanka, entre otros, siguen realizando exámenes anales forzados y carentes de base científica a los “sospechosos de homosexualidad”.
En resumen, podemos decir que con mayor frecuencia los gobiernos populistas de derecha utilizan el discurso de defensa de la familia, contra los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, para fortalecer sus medidas antidemocráticas.
Pero no todo son retrocesos. También este mes, hemos visto cómo Argentina avanzó en la promulgación de una ley de cupo laboral trans, luego de muchos años de lucha del colectivo argentino. No es gratuito que la ley haya sido nombrada como Lohana Berkins y Diana Sacayán, reconocidas activistas históricas que fueron asesinadas por su trabajo político.
Si bien esta ley es una gran conquista, que se une a los grandes logros de la población LGBTI en Latinoamérica, sigue quedando mucho camino por delante. Por ejemplo, la ley se traduce también en beneficios a las empresas que accedan a dar empleo a las personas trans, siendo en los hechos una transferencia de recursos públicos a empresas privadas.
De igual manera, en el levantamiento popular de Colombia y en la revolución chilena, hemos luchado hombro a hombro con sectores del activismo trans y lgbti en general.
Opresión, revolución y contrarrevolución
A 18 meses de pandemia, a 52 años de la revuelta de Stonewall, es necesario reflexionar sobre la situación de los derechos y luchas de la población LGBTI.
La grave situación de exclusión social, laboral, política y económica de la población LGBTI, principalmente la población trans, no es una novedad de la pandemia.
Si bien la crisis sanitaria la ha agravado, el verdadero origen es una discriminación estructural causada por el sistema capitalista en el que vivimos. Ya desde antes de la crisis sanitaria, la crisis económica latente reducía los márgenes de los estados de ofrecer soluciones temporarias.
Esta pandemia lazó a cientos de miles de personas LGBTI a vivir en las calles, situación denunciada principalmente en México por las mujeres trans en situación de prostitución, pero que reflejan una realidad latinoamericana.
Porque este sistema ha fallado históricamente en garantizar la inclusión laboral para toda la población, es decir, ha fallado en garantizar algo tan básico como el pleno empleo digno. Falló en garantizar una educación pública y gratuita, laica, de calidad y sin discriminación. Y es la población LGBTI la que más sufre esas carencias.
El sistema capitalista busca constantemente la sobreexplotación de la clase trabajadora, y los empresarios son los únicos beneficiados con la miseria a la que es empujada la población LGBTI en general y la población trans en particular.
Al mantener y reforzar los estigmas y exclusión, adquiere una poderosa herramienta para dividir al pueblo trabajador y fortalecer sus proyectos antidemocráticos y de mayor explotación.
Por otro lado, vemos que los que se han posicionado como defensores de la población LGBTI son los sectores oportunistas de los partidos burgueses. En EEUU, vemos a Biden y los demócratas se esforzaron por aparecer como una oposición simbólica frente a las iniciativas de Trump, sin prometer mejoras reales a nuestra población.
En Europa, son los representantes de los países imperialistas los que hacen tímidos llamados a los gobiernos de Hungría y Polonia.
Manifiestan su apoyo formal a la población LGBTI, siempre y cuando no signifique poner en riesgo las ganancias de las grandes empresas, y en el caso de los países imperialistas, mientras no se cuestionen las relaciones de opresión a los pueblos y estados semicolonoales en todo el mundo.
Es así como durante el mes de junio las principales empresas transnacionales pintan sus logotipos con los colores del “arcoíris lgbti”. Patrocinan actividades y ofrecen promociones para supuestamente demostrar su afinidad con nuestra población.
Casos escandalosos de ese Pink Washing son denunciados por activistas honestos en todo el mundo, donde el Estado genocida de Israel ha sido uno de los principales ejemplos.
Lo que es cierto a todas luces, es el fracaso del capitalismo para siquiera alivianar la opresión y discriminación contra la población LGBTI, por más banderas de colores que se cuelguen en un Burguer King.
Mientras tanto, algunas organizaciones LGBTI o autoproclamadas de izquierda colocan como centro de nuestra lucha la disputa por el lenguaje inclusivo. El lenguaje, si bien es una herramienta importante para visibilizar y reflejar los avances de la sociedad, es insuficiente para combatir la totalidad de nuestra opresión. El lenguaje solo conseguirá reflejar la totalidad de la diversidad de la orientación sexual e identidad de género, en cuanto logremos construir una sociedad que erradique esa opresión. Esto no significa descartar la visibilidad de las mujeres y la población LGBTI, por el contrario, significa colocar en el orden correcto las luchas por la verdadera igualdad.
Este sistema capitalista y sus estados, no solo no puede garantizar la libertad total de la población LGBTI. Sino que cualquier conquista que alcancemos bajo este sistema, estará seriamente cuestionada en todo momento.
Con mucha más razón, en tiempos de crisis económica, sanitaria y política, dónde la se acentúa la polarización entre revolución y contrarrevolución. Esto se traduce en que sectores de la derecha más conservadora adquieran una nueva visibilidad y peso, atacando nuestras conquistas como mujeres y población LGBTI.
Pero las masas también irrumpen violentamente en esta situación. Lo demuestran las luchas en Chile, Colombia, EEUU y diferentes países del mundo. Es ahí donde debemos mantener nuestra esperanza, pero principalmente donde debemos enfocar nuestras fuerzas.
Porque solo con las masas, con la lucha del pueblo trabajador por cambiarlo todo, por derribar este sistema, por eliminar la explotación y todo tipo de opresión; es que podremos conquistar la libertad total, la igualdad duradera.
No hay nada más igualitario, más inclusivo con la población LGBTI, que la revolución socialista. Y es por eso, que nosotros y nosotras, las militantes socialistas transexuales, travestis, bisexuales, lesbianas, gays e intersex necesitamos construir un partido para la revolución.
Un partido para el pueblo trabajador, para liberarnos de toda opresión y explotación. Un partido para la revolución socialista mundial.
Fuente: elmundo.cr
