Una legisladora costarricense continuó este miércoles por tercer día su plantón en el centro del salón de plenos de la Asamblea Legislativa, en protesta por un movimiento que apunta a expandir el derecho al aborto en el país.
“Me opongo porque en los artículos que traen hay uno que dice que el aborto se puede hacer hasta catorce semanas (…) es una aberración contra el nonato”, dijo la legisladora Nidia Céspedes, del conservador Partido Nueva República. AFP.
“Ya no estoy en mi asiento, llegué al centro del pleno (de 57 legisladores). No es posible entender cómo varias feministas quieren introducir el aborto. Los no nacidos nos representarán más tarde. Ahora no tienen voz pero esta diputada les alza la voz”, agregó.
El diputado se para sin zapatos y participa de las sesiones desde el centro del pleno, ubicado en la capital, San José. Luego pasa la noche allí hasta el día siguiente, cuando se reanuda el trabajo.
Dijo que mantendrá esta medida hasta que sea escuchada por el gobierno. Su protesta, dice, es también una respuesta a la falta de sanción por los asesinatos de dos líderes indígenas, defensores de los pueblos originarios.
A principios de marzo, el Movimiento Colectivo Costarricense por el Aborto Legal presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, que esperan llevar ante el Parlamento. Para que esta propuesta sea objeto de debate, debe contar con al menos 170.000 firmas. La organización ya ha comenzado a recolectar firmas.
La campaña nacional es «por nuestro derecho a elegir», dicen los organizadores, y busca el acceso al «aborto legal, seguro y gratuito en Costa Rica».
El movimiento propone que las mujeres puedan decidir libremente si pueden abortar, hasta la semana 14 de gestación. Más allá de las 14 semanas, los únicos abortos legales serían terapéuticos, cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo. En Costa Rica, el aborto no está permitido en caso de violación.
En 2019, el gobierno del presidente Carlos Alvarado, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), puso en vigencia una norma técnica que regula la aplicación del aborto terapéutico en caso de riesgo para la salud o la vida de la madre, medida que desató reacciones airadas de los sectores conservadores.
La disposición establece una guía para la realización de abortos de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, que desde 1970 permite la interrupción del embarazo en el país solo en caso de que exista riesgo para la salud o la vida de la gestante.
