Al parecer la estrategia de redoblar las apuestas por el polémico proyecto de Tren Eléctrico es firme, esto cuando prácticamente solo restan 7 meses para que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) salga de Casa Presidencial.
El TRP, conocido también como tren Tren Rápido de Pasajeros, ha sido el proyecto estrella del actual gobierno. Sin embargo, la propuesta es vista con recelo por múltiples sectores políticos y sociales.
El interés del Poder Ejecutivo es que, al menos a mayo de 2022, quede licitada la primera etapa del proyecto.
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El plan para acelerar el TRP no camina en vano y la estrategia es clara. El jueves, el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto para declarar de “interés público” la iniciativa; con lo cual se podrían acelerar trámites y requisitos.
Etapa de precalificación
Acto seguido, este viernes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer); anunció el inicio de la etapa de precalificación de oferentes interesados en desarrollar el proyecto bajo la vía de la concesión.
“En esta etapa se precalificará a los potenciales oferentes, a partir de la evaluación de la experiencia técnica, financiera y de disponibilidad; en los términos regulados en este cartel. Esta precalificación de oferentes tiene una vigencia de 2 años”, aseguró el instituto, a través de un comunicado de prensa, remitido durante la tarde de ese día.
Desde el año pasado la comisión legislativa de Ambiente tramita el proyecto de ley para autorizar el uso de un crédito por $550 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, tras varias sesiones y comparecencias, el financiamiento no ha sido tema de discusión desde mediados de 2020.
El Fondo Verde del Clima, adscrito a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc por sus siglas en inglés); aprobó en julio financiar el TRP con un aporte superior a los $271,3 millones. De esa cantidad, unos $250 millones se usarían para pagar parte del crédito del BCIE.
El plan del actual gobierno, junto con el Incofer; es dejar licitada la primera fase del TRP para que la construcción comience durante la próxima Administración (2022-2026).
Pese a que aún el Poder Ejecutivo y la entidad no aclaran aspectos medulares de la propuesta; como el origen de los recursos para pagar el subsidio estatal anual a la operación del servicio (que rondaría entre $50 millones y $150 millones). En mayo se presentó el borrador del cartel licitatorio y un mes después se desarrolló la audiencia pública sobre ese documento.El TRP estima una inversión total cercana a los $1.553 millones. Se desarrollaría bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP) en la modalidad de concesión de obra pública por 35 años.
El Proyecto
El plan global consta de 5 líneas de 84 kilómetros divididas en 3 fases: fase uno (Línea 2, entre San José y Alajuela); fase dos contempla la construcción de la Línea 1 (Paraíso-Atlántico); fase tres apunta a las líneas 3 (Atlántico-Ciruelas), 4 (Alajuela-Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol).
El borrador del cartel licitatorio propone iniciar con la fase 2 para afianzar la obra y garantizar la bancabilidad para el desarrollo futuro de las otras 2 fases. Pese a que el concesionario deberá construir la propuesta en la totalidad de las fases; existe el riesgo de que la 2 y la 3 nunca se lleguen a realizar (se debería compensar a la empresa de alguna forma).
La propuesta de Incofer es que la fase 1 sea asumida totalmente por el concesionario. Así las cosas, la inyección del crédito del BCIE quedaría para las fases 2 y 3. Si estas 2 no llegaran a concretarse; los recursos servirían para reducir el aporte anual del Estado a la operación del TRP.
Con información de Cr Hoy
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