La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la reapertura de las investigaciones en contra el expresidente Luis Guillermo Solís, por el escándalo de la importación de cemento chino.
Después de que los diputados investigaron el tema y hallaran nuevos elementos para cuestionar a Solís, el Procurador de la Ética Pública, José Armando López, le ordenó a la procuradura Johanna Masís retomar el caso.
«Con el propósito de determinar si hay nuevos elementos de prueba sobre los hechos que fueron investigados, o bien, si existen hechos nuevos. La investigación se está realizando bajo el expediente de denuncia N° DEP-202-2019», señaló la Procuraduría el pasado 10 de enero.
La entidad envió el informe PGR-001-2020 al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides y a la primera secretaria del Directorio Legislativo, Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Diputados pidieron otra investigación
En sus conclusiones de un informe aprobado en setiembre del 2019, los diputados concluyeron que las pesquisas originales omitieron documentación y comparecencias que no permitieron conocer los suficientes detalles, por lo que pedían nuevas acciones contra Solís.
Con 38 votos a favor y 6 en contra, se avaló el informe de mayoría afirmativo de la Comisión Especial de Procuraduría, que recomendó la reapertura de la investigación contra el expresidente Solís.
Según su investigación, legisladores dejaron evidencia que hubo injerencia por parte de Casa Presidencial y con conocimiento de Solís, en relación con la tramitación del crédito en favor de Juan Carlos Bolaños, para la importación del cemento chino.
Además los legisladores cuestionaron la falta de investigaciones sobre la suspensión de directivos en Banco de Costa Rica (BCR) por parte de los gobiernos de Solís y Carlos Alvarado.
«Con base en lo expuesto y la documentación que se adjunta a la presente misiva, le instruyo para que de conformidad con las competencias de fiscalización atribuidas a la Procuraduría de la Ética Pública, proceda a realizar formal investigación en torno a las recomendaciones recién esbozadas», estableció el ente procurador en el reciente informe.
Cuestionamientos a la Procuraduría y un informe polémico
El año pasado, la comisión investigadora fustigó a la Procuraduría por su investigación y trámite en torno al polémico informe que eximió a Solís.
En agosto del 2019, los diputados criticaron:
- la forma en que se hizo la investigación
- la brevedad con la que se llegó a conclusiones
- y supuestos vicios en la forma de notificar
A finales de abril del 2018, la PEP hizo llegar a la Asamblea Legislativa su informe de las irregularidades en el escándalo por la importación de cemento chino.
El manejo de los plazos, sumado a que en los mismos días hubo cambio de diputados hizo imposible que el documento fuera conocido por los diputados entrantes y se plantearan las dudas y apelaciones respectivas. Así el plazo venció.
Adicionalmente, se señaló que al informe se le habrían sustraído algunas páginas. Para abordar todos esos cuestionamientos el Poder Legislativo conformó la comisión especial de investigación que votó en agosto el dictamen.
La PEP envió el documento a la Dirección Ejecutiva del Congreso, en lugar de la Secretaría del Directorio Legislativo. Además lo sellaron como confidencial. En plena sesión del 1 de mayo, el informe se guardó, no se conoció y se venció el plazo para apelar.
Sin embargo, en su nuevo análisis, la Procuraduría no encontró fallas en los funcionarios que participaron del proceso.
«Mediante Resolución del Despacho del Procurador General No. 013-2019 de las catorce horas treinta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, se ordenó el archivo de la investigación levantada de conformidad con lo solicitado por la Asamblea Legislativa en Oficio AL-DSDI-OFI-0113-2019 del 18 de setiembre del 2019, por no encontrarse mérito para la apertura de los procedimientos administrativos contra los funcionarios investigados», dicta el informe.
Desde julio del año pasado, la fiscala General, Emilia Navas, informó que Luis Guillermo Solís es investigado penalmente por el caso del cementazo.
