El acceso a los nuevos medicamentos amenaza con abrir aún más la brecha entre pobres y ricos. De hecho y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza porque tienen que pagar los medicamentos de su bolsillo. El problema es visto ya desde el prisma de los derechos humanos.
La Fundación Alternativas ha elaborado un informe sobre el alto precio de los nuevos medicamentos y sus consecuencias para todos aquellos pacientes que no pueden acceder a los mismos y también para la estabilidad financiera de los sistemas de salud.
Firmado por los doctores Ramón Gálvez Zaloña (neurólogo) y Fernando Lamata Cotanda (psiquiatra), el documento destaca en su resumen ejecutivo que actualmente en España, en Europa y en todo el mundo se está “vulnerando el derecho humano” a la atención sanitaria:
Cientos de miles de personas, afirman, no pueden comprar los medicamentos que les han recetado por motivos económicos.
Además denuncian que los altos precios de los nuevos medicamentos provocan un aumento del gasto farmacéutico que está tensionando los sistemas de salud.
Añaden también que “aupados por las ganancias excesivas, la industria presiona a los médicos prescriptores para que receten una serie de fórmulas de dudosa eficiencia cuando existen otros fármacos de acción similar y menor precio para sus pacientes…”
Monopolio
Para los autores, la causa de estos problemas está en el abuso del monopolio que los Gobiernos otorgan a las empresas a través de las patentes y otros instrumentos de exclusividad.
Explican que el monopolio se concede a las empresas, bloqueando la competencia, para que estas fijen un sobreprecio con la justificación de la necesidad de financiar la I+D.
Por tanto, refieren, este actúa como una especie de “impuesto” a los pacientes y a los sistemas de salud para pagar la investigación.
“Sin embargo, las empresas han acabado abusando de su capacidad de fijar los precios, obteniendo beneficios mucho más allá del coste real de la investigación”.
También recuerdan como a comienzos del siglo XX, la mayoría de médicos y gobiernos estaban en contra de las patentes para medicamentos, pues entendían que estas supondrían una barrera al acceso contraria a su ética.
Llegan las patentes
Pero las empresas “insistieron con fuerza” y lograron que EE.UU y varios países europeos aprobaran las patentes de medicamento.
En 1994, la “presión de la industria” consiguió que se aprobara el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que generalizaba y convertía en norma el uso de las patentes.
En paralelo, continúa el documento de la Fundación Alternativas, estas empresas farmacéuticas han presionado para introducir otros mecanismos de exclusividad.
Así, en la Unión Europea se aprobaron los Certificados Complementarios de Protección, la Exclusividad de Datos o la Exclusividad de Comercialización, entre otros.
Al mismo tiempo, las empresas trataron de retrasar la entrada de genéricos, alargando la protección de las patentes y dificultando la aplicación de licencias obligatorias.
Después de 20 años de aplicación de las patentes para fármacos, se ha comprobado que no han servido para aumentar la innovación y que, por el contrario, han producido importantes efectos negativos, afirman los autores del documento.
Efectos negativos como marcados sesgos en la agenda de investigación (Intereses comerciales y no necesidades de salud), sesgos de diseños, de interpretación y de publicación.
Vía – EFE
