El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no descarta la participación de empleados bancarios en estafas telefónicas desde la cárcel.
Con libreta en mano, así operan los privados de libertad que intentan estafar por medio de llamadas telefónicas desde la reforma.
Tal y como se evidenció en el vídeo que circuló días atrás, los presos cuentan con nombres, números de teléfono, cédula, así como el nombre de la entidad bancaria en la cual las víctimas, tienen una cuenta.
Pero, ¿cómo acceden a esa información? El OIJ mantiene algunas hipótesis.
Por su parte, la Asociación Bancaria Costarricense asegura que la información de los clientes es resguardada correctamente.
En caso de que se detecte que algún funcionario filtró la información de los clientes bancarios, el empleado se expone a penas que van desde 1 a 4 años de cárcel.
El banco también sería sancionado con 30 salarios base, unos 13 millones de colones por cada cliente afectado.
Solo en el 2018 los daños por estafas telefónica desde la cárcel ascienden a los 1.550 millones de colones.
Con información de Teletica
