Evitar estafas desde las cárceles fue lo que llevó a los diputados a aprobar una ley en agosto del año pasado para bloquear la señal celular en los centros penales.
Esta responsabilidad recae en las operadoras telefónicas, que tendrán hasta abril del 2020 para hacerlo.
Una tarea que no es nada sencilla, por lo que se requiere la contratación de una empresa externa.
Los operadores deben velar porque la señal no llegue a los centros penitenciarios pero que al hacerlo no se afecte la conectividad de las personas que viven en los alrededores, de lo contrario serán sancionados.
Un reto que se vuelve complicado por la cercanía de las cárceles con las comunidades.
Las opciones para bloquear la señal celular están siendo analizadas y se estima una inversión superior a los $10 millones.
En caso de que las operadoras no cumplan se exponen a sanciones de entre un 0,5% y un 1% de los ingresos brutos obtenidos durante el período fiscal anterior.
