En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019.
“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En su declaración, la coalición de organizaciones de derechos humanos explica la situación en Venezuela hoy y por qué una Comisión de Investigación es la mejor respuesta que la comunidad internacional puede ofrecer a las víctimas.
“Una Comisión de Investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país,” dijeron las organizaciones.
La coalición incluye a Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y PROVEA.
En julio la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó un lapidario informe sobre la situación venezolana que alertaba por las 6.800 ejecuciones extrajudiciales ocurridad sólo entre 2018 y 2019, las torturas durante detenciones arbitrarias y el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes”, en otros crímenes perpetuados por el chavismo.
