La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron el miércoles el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP), de 1.350 millones de dólares, para responder a necesidades humanitarias de esta población en América Latina y el Caribe, y las comunidades que los acogen.
Este valor casi duplica el planteado en 2019, pues a finales de 2018 se fijó una meta de 738 millones de dólares para atender a los inmigrantes venezolanos en América Latina.
Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo que esta cifra casi se duplica porque el número de personas sigue aumentando y porque «la precariedad de las personas que salen presentan mayores requisitos de protección».
Además, en la medida en que algunos gobiernos han decidido plantear requisitos especiales de ingreso que antes no existían, «eso lo que ha hecho es multiplicar las vías ilegales, a través de las cuales la población, de todas maneras, sigue saliendo y sigue surcando por rutas diversas los caminos y rutas hacia países tan distantes como Chile y Argentina, pero en donde han encontrado, o bien por familiares que preexisten allá o bien por la apertura que diferentes poblaciones de acogida les han dado».
Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM para refugiados y migrantes #venezolanos, dijo que la cifra del Plan regional 2020 para esta población duplica los fondos de 2019 porque el número de personas y su precariedad siguen aumentando. https://t.co/i5UtLJUerd pic.twitter.com/ZvKgodNNi3
— Voz de América (@VOANoticias) 14 de noviembre de 2019
En este sentido, se habla entonces de una población que se mueve y busca diferentes caminos para suplir sus carencias y, de esta manera, dijo Stein a la VOA, «tenemos que prever que esa población no va a regresar inmediatamente, aunque se diera una solución política mañana mismo».
El plan RMRP es una herramienta de coordinación y recaudación de fondos establecida e implementada por 137 organizaciones. Están trabajando en toda la región, con el objetivo de llegar a casi cuatro millones de personas, incluidos refugiados y migrantes venezolanos y comunidades de acogida, en 17 países.
El representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM dice que, según varias crisis mundiales, las personas pueden tardar hasta dos años en retornar a sus país de origen, mientras tengan garantías de seguridad, tranquilidad y sustentos, razón que los lleva a tomar «previsiones para los próximos dos años, ciertamente para el año 2020».
Con base en crisis mundiales, la población #venezolana podría tardar por lo menos dos años en retornar a su país, tras superar la situación actual, dijo Eduardo Stain, representante de @ACNURamericas y OIM, en entrevista a @VOANoticias. https://t.co/i5UtLJUerd pic.twitter.com/dWadizABwx
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También aclaró a la VOA que no va a funcionar como un fondo común, sino como una especie de índice organizado de necesidades: «No se trata de un gigantesco tanque de agua del que pueden surtirse todos los que lo necesiten; se trata de un esfuerzo de hacer como un inventario ordenado de necesidades para que los países y organizaciones cooperantes, de acuerdo a sus políticas de cooperación, puedan escoger en qué temas y en qué países van a orientar sus recursos».
Por lo tanto, quienes van a ser los responsables del uso de esos recursos son las propias comunidades receptoras o, en su caso, las autoridades gubernamentales, organizaciones -incluso religiosas- y otras comunidades pequeñas.
Principales necesidades
En 2019, el plan estuvo enfocado en responder especialmente a las urgencias humanitarias. Para 2020, aunque se mantiene el tema de protección, se está buscando invertir en las comunidades de acogida para que tanto la población migrante venezolana, como las poblaciones locales, «puedan encontrar mejores condiciones económicas de desarrollo y evitar así las molestias que ya empiezan a brotar en muchas comunidades de acogida, algunas de manera espontánea, donde sienten que les quitan oportunidades», explicó Stein a VOA Noticias.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, durante la presentación del plan, sostuvo que hasta el 1 de noviembre de este año, el plan de respuesta planteado para 2019 solo había alcanzado el 51,9% de lo esperado.
«Para el número de migrantes y refugiados venezolanos, el plan para nuestra región ha sido comparativamente inferior a llamamientos en respuestas a crisis humanitarias en otras regiones del mundo», agregó el canciller.
En este sentido, Stein aclara que para garantizar el cumplimiento y llegar a la meta de 2020 no se cuenta con una «varita mágica», pero que para ello se debe mantener un nivel de conciencia de los cooperantes y la comunidad internacional para contribuir con el esfuerzo de los gobiernos locales y, además, lograr la articulación de los servicios que brinda un gobierno central con las autoridades locales.
De lo contrario, si no se llegase a cumplir la meta, el representante dice que, como ha ocurrido en otros países, «en la medida en que este flujo que hasta ahora ha sido atendido con mucha solidaridad y mucha generosidad, llegue a un nivel de saturación que ya le sea imposible a los países receptores seguirlo acomodando, se junta esa insatisfacción de la migración que ingresa con frustraciones de poblaciones locales (…) que puede derivar en conflictos muchos más graves, a nivel de toda la región».
En el lanzamiento del plan, que se llevó a cabo en la cancillería colombiana, Holmes Trujillo indicó que, a pesar de los esfuerzos, las capacidades institucionales y presupuestales de las entidades, tanto a nivel local como nacional, «evidencian presiones externas que ponen en riesgo la asistencia humanitaria inmediata de los migrantes. Las perspectivas de su integración socioeconómica en el largo plazo».
Por ello, agregó, «es urgente dar mayor visibilidad a los desafíos de los países receptores del flujo proveniente de Venezuela y promover el apoyo sostenido de la comunidad internacional».
¿Expectativas?
Para Stein, la primera responsabilidad se basa en atender a la población migrante que, para 2020, podría llegar a 6,5 millones de personas, y quienes se encuentran en condiciones cada vez más precarias. Segundo, apoyar a los países receptores de esa migración, «que son las vecindades andinas fundamentalmente, pero que llegan a 16 países».
También dijo que la comunidad internacional puede apoyar a estos estados con capacidades agotadas para responder al fenómeno y brindarles servicios tanto en emergencia humanitaria (albergue, comida, atención medica, educación) como en la etapa subsiguiente que es la integración socioeconómica.
En este último aspecto, enfatizó el representante, el sector privado es un actor fundamental. Sin embargo, instó a los países también a participar de este proyecto. «Lo más importante es aludir a los esfuerzos conjuntos que ya los gobiernos están haciendo, pero que ningún gobierno por su cuenta pueda atender, por la magnitud, la complejidad y la gravedad de esta crisis», puntualizó Stain.
Vía – VOA
