JEFA DE FRACCIÓN: «SALIDA DE ROMÁN MACAYA ES IMPOSTERGABLE»
ASEGURA QUE JERARCA DEBERÍA RENDIRLE CUENTAS AL PLENARIO LEGISLATIVO
La bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) pidió esta tarde la cabeza del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya. Esto, tras la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que ordenó a esa institución anular 2 acuerdos suscritos con sus sindicatos para mantener el pago de anualidades e incentivos como porcentaje del salario a sus empleados y no como un monto nominal, por encima de lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“A mí me parece que el Presidente debería pedir su salida (…) Yo creería que le ha faltado al propio Presidente de la República, que está muy preocupado por el tema de las finanzas públicas, le ha faltado al Estado de Derecho, y me parece que su salida es impostergable “, declaró la jefa de la fracción liberacionista, Silvia Hernández.
La diputada dijo que más allá de rendir cuentas a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso -a donde fue llamado a comparecer- Macaya debería ser interpelado por el Plenario Legislativo.
“Estaría totalmente anuente a que eso proceda, y me parece que es lo que continúa”, manifestó.
Sostuvo que el pronunciamiento de la Contraloría señala claramente que los acuerdos suscritos por la Caja con los sindicatos, en febrero y marzo respectivamente, “son ilegales, inmorales e improcedentes”.
La Contraloría se pronunció tras resolver una solicitud planteada por la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para que anulara los dos acuerdos el 13 de agosto pasado, horas después de que el Gobierno, autoridades de la CCSS y sindicatos suscribieron el segundo de ellos para poner fin a la huelga que afectó al sector salud durante 8 días.
El primero de ellos fue suscrito el 20 de febrero y permitía a los más de 57 mil empleados de la Caja recibir las anualidades y pluses acumulados a la entrada en vigencia de la reforma fiscal como porcentaje de su salario y no como un monto nominal, como lo ordenó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El segundo fue firmado el 12 de agosto para mantener vigente el primero mientras los tribunales contencioso administrativos resolvían el diferendo sobre el pago de anualidades y pluses por medio de un proceso de lesividad.
Durante ese tiempo –que no sería menor a 5 años– los empleados de la CCSS seguirían recibiendo el pago de las anualidades y pluses como porcentaje de su salario y no como un monto nominal, a pesar de lo ordenado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
