Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló con ejemplos la necesidad de evitar que criminales y sospechosos adquieran derechos que no se han ganado.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el OIJ solicitaron este jueves a la Asamblea Legislativa, aprobar dicha reforma.
Actualmente, la Ley de Opciones y Naturalizaciones permite otorgar la nacionalidad a quienes contraigan matrimonio con un costarricense, siempre y cuando estos no hayan sido sentenciados fuera del territorio nacional por: Agitación social, política o religiosa (único que aplica condena en el país), estafa, robo, incendio, falsificación de moneda o títulos de crédito y otros de igual o mayor gravedad, según el código costarricense.
De igual manera, exceptúa a quienes hayan sido vinculados con el narcotráfico, así como a los provenientes de naciones en guerra con Costa Rica. La policía internacional (Interpol) emite alertas a la sección de Opciones y Naturalizaciones del TSE, con información sobre los aspirantes a la nacionalidad costarricense.
Una de las principales opositoras del proyecto es la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.
Las autoridades han detectado que muchos de los interesados en naturalizarse no tenían antecedentes fuera del país, sino más bien en territorio costarricense lo cual a su criterio también debe ser reformado.
