La Sala Constitucional tiene bajo estudio dos hábeas corpus presentados contra la Fuerza Pública, por sus actuaciones durante la intervención de los bloqueos de carretera registrados el 21 de noviembre en Montes de Oca, San José, y San Ramón, Alajuela.
El recurso, que es un procedimiento para determinar la legalidad de una detención, plantea condenar a la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la aparente captura «indebida e injustificada» de 11 aparentes miembros del Frente Autónomo Interuniversitario (FAI).
Todos ellos participaban de trunques contra los recortes en el Presupuesto Nacional de 2020, en inmediaciones de las sedes Rodrigo Facio (San Pedro) y Occidente (San Ramón) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La institución, a través de su Oficina de Divulgación e Información (ODI), confirmó el lunes que al menos seis de los aprehendidos son estudiantes suyos.
Hasta ahora, la casa de enseñanza no ha podido confirmar si los restantes detenidos son alumnos o no, ya que no han trascendido sus nombres completos, solo sus apellidos.
Los hábeas corpus fueron presentados -de forma protocolaria- por la organización defensora de derechos humanos, Centro de Amigos para la Paz, reconoció la integrante de su junta directiva, Marcela Zamora, y se tramitan según el lugar del operativo:
San Pedro
El recurso, que se sigue bajo el numeral 2019-22300, fue presentado el 22 de noviembre.
Allí se pedía la liberación de los sujetos de apellidos Hernández Morales, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco, Tapia Álvarez y Carvajal Monterrey.
En ese momento, todos permanecían detenidos bajo las órdenes de la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José. Esa noche, todos quedaron libres con las medidas cautelares:
- Impedimento de salida del país
- Firmar cada 15 días en sede judicial
- Prohibición para acercarse a víctimas y testigos del caso
A ellos se les investiga por los supuestos delitos de incendio agravado, resistencia a la autoridad y obstrucción de vías.
Esos hechos en apariencia se presentaron la noche del 21 de noviembre, cuando un grupo de protestantes impedía el paso por la Circunvalación, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
A eso de las 10:00 p.m, oficiales se apersonaron para remover el trunque, pero entonces se registró un enfrentamiento que incluyó un ataque a policías con gasolina.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional informó, ante consulta de El Observador, que la organización recurrente alegó la violación de los artículos:
- 22, 28, 37 y 48 de la Constitución Política
- 1, 3, 5, 9, 12, 13, 18, y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
- 5, 7 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Todos esos numerales refieren a las libertades de tránsito, pensamiento y expresión, a la asociación y reunión pacífica; el derecho a la integridad personal; la prohibición de penas crueles o torturas; así como detenciones arbitrarias.
San Ramón
El segundo hábeas corpus se tramita en el expediente 2019-22301 y también fue presentado el 22 de noviembre, un día después de que se levantara un bloqueo en la ruta nacional uno, autopista Bernardo Soto, cerca de la sede de Occidente.
No obstante, en esta oportunidad, se pide condenar adicionalmente a la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Alajuela.
De igual manera, se exige la liberación de los sujetos de apellidos Madrigal Flores, Betancourt Pérez, Rojas Cruz y Bwdny Sequeros; sospechosos de obstrucción de vías. Sin embargo, ninguno de ellos fue detenido, de acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público. Más bien, fueron identificados y citados para ser vinculados al proceso.
El caso se tramita en flagrancia, un procedimiento especial que tarda en promedio 15 días. Por ahora, ninguno de los imputados descuenta medidas cautelares.
Los alegatos incluidos en el recurso son los mismos utilizados en el de Montes de Oca.
Sujetos a revisión
En reiteradas ocasiones, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, defendió el actuar policial al asegurar que realizaron su labor en apego a los derechos humanos.
«Nosotros estamos sujetos a que la Sala (Constitucional) revise toda la actuación de la policía. La Sala en este momento va a hacer una revisión de todo lo que se hizo», explicó el lunes el jerarca, durante una conversación telefónica con este medio.
Calderón detalló que, para ese momento, ya habían dado respuesta y aportado prueba para el caso de San Pedro de Montes de Oca.
«Y si la Sala nos dice que en alguna de las actuaciones nos equivocamos, pues tendremos que iniciar un proceso interno», dijo el jefe de la Fuerza Pública.
Por ahora, no se tienen procedimientos administrativos contra policías.
Investigación policial
El director de la policía, Daniel Calderón, indicó que en la Fuerza Pública se elabora una investigación para identificar a dos manifestantes, a los que no se les ha apersonado a los procesos que lleva el Ministerio Público.
Se trata de dos hombres, sospechosos de:
- Prender fuego a una barricada y arrojar gasolina a dos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, quien huyó por el interior de la sede Rodrigo Facio
- Agredir directamente a una representante de la Dirección Policial de Apoyo Legal, quien había sido detenido, pero -en apariencia- fue arrebatado y liberado posteriormente por la Sección de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Costa Rica
El rector de la casa de enseñanza, Henning Jensen, señaló este martes en un comunicado de prensa que no existían «pruebas químicas» que demuestren que el líquido lanzado a los oficiales fuera combustible.
Calderón, por su parte, rechazó las declaraciones del académico, y dijo que la Fuerza Pública remitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los uniformes utilizados en la intervención, los cuales huelen a gasolina.
Jensen también dijo el martes que el 21 de noviembre se registró un abuso de autoridad, al darse el lanzamiento de un cartucho con lacrimógeno contra un oficial interno.
El jefe de la policía ya ha reconocido el uso de gases en vía pública, aunque rechaza los señalamientos de su implementación a lo interno de la Universidad.
Vía penal
También, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, aseveró que la Fiscalía del II Circuito Judicial informó al Ministerio de Seguridad Pública la apertura de un proceso por las actuaciones de los agentes internos de la Universidad de Costa Rica.
Ese funcionario y el ministro del ramo, Michael Soto, han denunciado en múltiples ocasiones que la Sección de Seguridad y Tránsito obstruyó la labor de la policía.
«Ya el Ministerio Público, según nos lo confirmó hoy (lunes) nuestra directora de Apoyo Legal (Katia Rivera), está actuando de oficio para abrir una causa penal por esa actuación», dijo el jerarca a El Observador.
No obstante, ante la consulta de este medio, la oficina de prensa del Ministerio Público evitó confirmar esa situación. «No se descarta ampliar la investigación a otras personas, sin embargo, por ser esta etapa del proceso de carácter privada, no es posible brindar más información al respecto», indicó.
Calderón anunció que, una vez se superen los procesos para identificar a los sospechosos que quedaron libres, se elaborará una recopilación de evidencias para denunciar a los oficiales internos de la Universidad de Costa Rica.
Vía – Elobservadorcr
