El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) refirió que una ruta hacia una solución efectiva de la migración requiere el diseño e implementación de políticas fiscales que lleven a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, siguiendo principios de suficiencia, equidad, sostenibilidad, probidad y transparencia.
El Icefi reiteró que la migración a la que se ven forzados miles de centroamericanos es consecuencia de la incapacidad de los gobiernos para solucionar la precariedad de oportunidades económicas y la violencia de un modelo económico que no produce una transformación efectiva.
De acuerdo a las encuestas de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas (OIM), el 76.9% de las personas que han migrado en situación irregular van en busca de una mejor calidad de vida, el 46.5% reunificar la familia, 36.9% trabajo y 7.0% huyeron de la violencia.
A lo que el Icefi señaló como una continua ineficiencia de la política de El Salvador, Guatemala y Honduras para incentivar el desarrollo económico y el empleo, promover el bienestar y la protección social, y mejorar las condiciones de vida.
Parte de esto tiene que ver con las irregularidades dentro de cada país como la corrupción y el gasto público decreciente. En Guatemala, se presentaron irregularidades en las contrataciones de medicamentos y de personal, así como el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y renovación de hospitales y centros de salud. Además, de la supuesta compra de votos en el Congreso de la República para la aprobación de ciertas leyes.
Respecto a Honduras, casos como lavado de dinero, delitos contra la administración pública para obtener la obtención de contratos en materia ambiental y energética; revelaciones nuevas del caso Pandora; han sido los posibles responsables de este fenómeno.
En El Salvador, los procesos en contra de de exautoridades de la Corte de Cuentas de la República, exdiputados y fiscales que participaron en la investigación del caso Corruptela en el que está involucrado un expresidente de la República; han sido los responsables de la presencia de ineficiencias en el gobierno del país.
En contrapunto, las autoridades de cada país están desarticulando las iniciativas de cooperación internacional. En el caso de Guatemala, el presidente Jimmy Morales decidió finalizar el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) es tentativamente incierta, al condicionar los resultados e una evaluación el presidente Juan Orlando Hernández. Por otra parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele informó sobre la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad.
En relación con el gasto público social, en el periodo 2014-2018 de Guatemala disminuyó del 7.5% al 7.0% del Producto Interno Bruto (PIB); en El Salvador bajo del 9.4% al 8.9% del PIB; y en Honduras del 9.9% al 9.2% del PIB (en 2016).
Asimismo, los datos del Icefi indicaron que el año pasado la inversión pública directa anual per capita de Guatemala dirigida a su niñez y adolescencia fue de solamente 406 dólares , la de El Salvador en 2017 de 713 dólares, y la de Honduras en 2016 de 454 dólares.
El Icefi refiere en situación de alarma la carga tributaria de Guatemala, ya que ha estado marcando una baja significativa, ha caído del 11.0% en 2013 a un cierre estimado de 9.6% en 2019. La carga de El Salvador pasará de 18% que obtuvo en 2018 a un cierre de 17.7% en 2019; y Honduras pasará de 18.1% en 2018 a un cierre estimado de 18.0% en 2019.
Por lo cual, el instituto hace un llamado a las administraciones tributarias del TNCA a incentivar planes integrales para mejorar la fiscalización y el control; a los gobiernos a procurar una atención integral a la informalidad, a fortalecer el combate al contrabando, los flujos ilícitos de capitales y la manipulación ilícita de los precios de transferencia.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, expuso que hasta julio de 2019 detuvo en la frontera sur de ese país a 58,317 niñas, niños y adolescentes del TNCA, un 52.7% más que el total de detenidos el año pasado.
Ante este panorama, el Icefi desaprueba el convenio de Tercer País Seguro que el Gobierno de Guatemala suscribió con el de Estados Unidos. Refiere que el gobierno guatemalteco ha demostrado incapacidad fiscal e inefectividad para garantizar los derechos fundamentales de la población, por lo que la aplicación de este convenio empeorará la ya alarmante situación.
Con información de Forbes Centroamérica
