David Placer (ALN).- El exdiputado venezolano Walter Márquez acusó a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional por inacción en las 110 denuncias presentadas contra Nicolás Maduro por violaciones de los Derechos Humanos. Márquez ha pedido a la fiscal su inhibición y también ha iniciado el proceso para apartarla del cargo.
El exdiputado venezolano Walter Márquez ha denunciado a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por paralizar las 110 denuncias presentadas contra Nicolás Maduro por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
Márquez, que fue diputado 30 años y embajador en la India en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, ha solicitado la inhibición de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y, en paralelo, ha iniciado las acciones para buscar la destitución de Bensouda.
Márquez asegura que la Corte Penal Internacional ha paralizado por completo las investigaciones contra Nicolás Maduro al no solicitar pruebas y desestimar parte de las denuncias contra el jefe del régimen venezolano. Las denuncias que presentó por graves violaciones a los Derechos Humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, la expulsión de un grupo de colombianos y la demolición de sus casas en el estado Táchira, fueron desestimadas por la fiscal jefe con una argumentación fácilmente rebatible, de acuerdo con el denunciante.
“Desestimaron la denuncia con argumentos falaces. Aseguraba que los crímenes que investigaba la Corte Penal no podían ser anteriores al año 2002 y también argumentaba que primero se debían agotar las instancias en el país donde fueron cometidos los crímenes. Resulta que todos los crímenes fueron cometidos con posterioridad a 2002 y que yo denuncié ante la Fiscalía los hechos que fueron desestimados por el Tribunal Supremo que controla Maikel Moreno”, explica al diario ALnavío el exdiputado Walter Márquez, que ha viajado esta semana a La Haya para formular las denuncias por la inacción de la fiscal.
Las denuncias contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional tienen peso. Un total de seis países, a través de sus presidentes (Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú) solicitaron en septiembre de 2018 a la Corte Penal Internacional la investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Pero hasta ahora, el organismo sólo ha ordenado la apertura de una “investigación preliminar” que no ha tenido avances.
Márquez considera que la actual fiscal no tiene voluntad de investigar los crímenes cometidos en la dictadura venezolana. El exdiputado ha pedido la inhibición de la fiscal por considerar que no cumple con los requisitos legales establecidos en el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional. Bensouda fue fiscal general en Gambia bajo la Presidencia del dictador Yahya Jammeh, acusado de violaciones sistemáticas contra los Derechos Humanos y, de acuerdo con Márquez, carece de las cualidades morales y de la independencia que exigen los estatutos.
Sólo un grupo de 21 países, que conforman el órgano de gobierno de la Corte Penal Internacional, podrían separar a la fiscal jefe de su cargo en el caso de demostrarse una dilatación artificial de las investigaciones. La inacción y la paralización son dos de las principales pruebas, de acuerdo con Márquez.
Es la primera vez que se cursa una denuncia contra la fiscal jefe, que asumió su cargo en 2012. Pero no la primera vez que la credibilidad de un fiscal de la Corte Penal Internacional es puesta en duda.
El anterior fiscal general, José Luis Ocampo, trabajó para Hasán Tatanaki, un magnate libio cercano al dictador Muamar el Gadafi. La propia Corte Penal Internacional abrió una investigación para determinar si Ocampo ha cometido irregularidades con las asesorías al magnate libio. El organismo también investiga a varios trabajadores que presuntamente facilitaron información al exfiscal sobre el expediente que se adelantaba en su contra.
Ofensiva venezolana
El exdiputado venezolano es partidario de iniciar también una ofensiva diplomática contra la fiscal, que, en teoría, debe abandonar el cargo en 2021 al cumplirse los nueve años de plazo máximo para estos cargos.
Márquez explica que el régimen venezolano ha dado prioridad al mantenimiento de las buenas relaciones con el organismo. El régimen de Maduro designó a una representante diplomática en la Corte Penal Internacional para frenar las investigaciones contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Se trata de Haifa El Aissami, hermana del exvicepresidente Tareck El Aissami. La embajadora, que también es abogada, tiene como misión obstaculizar todas las investigaciones contra Maduro, de acuerdo con Márquez.
El avance de las investigaciones de la Corte Penal Internacional supondría un elemento de mayor presión contra Maduro, que, en teoría, podría ser detenido si viaja a alguno de los 117 países que integran el organismo.
Pero, incluso el escenario más desfavorable para el jefe del régimen venezolano, el de una condena por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, no supondría una salida del poder inmediata de Maduro. Al menos en las condiciones de funcionamiento actuales.
Omar al Bashir, presidente de Sudán, fue condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, pero sigue gobernando y ha viajado a países que no forman parte del Estatuto de Roma. La sentencia de la Corte Penal Internacional contra el mandatario ha sido rechazada por Rusia y Cuba.
