El presidente Carlos Alvarado figura entre los investigados por el caso que sigue la Fiscalía General para determinar si hubo delito en la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
También figuran el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación Daniel Soto, quienes fueron los responsables de firmar el decreto ejecutivo para la creación de la UPAD, en octubre pasado.
En este momento se realizan diez allanamientos por ese caso. Las pesquisas se desarrollan en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y la casa de habitación de algunos de los funcionarios investigados.
Las pesquisas tienen el propósito de obtener información para investigar las causas por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales en que siguen contra los funcionarios encargados de la creación de la unidad de análisis de datos. Concretamente lo que se busca es ver si la UPAD analizó información sensible de la población.
Y es que entre la potestad que tenía esta unidad era obtener datos de las distintas entidades públicas, entre ellas información que podría categorizarse como de carácter confidencial.
Entre las entidades que fueron analizadas por la UPAD destaca la Embajada de los Estados Unidos, municipalidades, bancos, universidades, ministerios, entre otros.
