Alvarado aseguró que “como país esa discusión está agotada y hay que avanzar” con lo que se tenga a mano.
Dijo que debería aprobarse el mecanismo y en caso de que alguna de las preocupaciones de los legisladores se materialice, el gobierno tenga la potestad de solucionar el problema.
Hay que recordar que algunos congresistas temen que una tasa de usura muy baja podría excluir a muchas personas del acceso al crédito, mientras que una muy alta dejaría en la misma situación a ciudadanos endeudados.
“Creo que ya llegó un punto en donde debemos ejecutar y tener un mecanismo rápido para que si alguna de las dos problemáticas se materializa poder enfrentarla, pero nunca vamos a poder saberlo si no avanzamos”, cuestionó Alvarado.
Sobre por cuál porcentaje se inclina Zapote mencionó que debe encontrarse un punto intermedio. “Yo me inclino en un punto medio.
No puede ser la que se estaba planteando de 30% y la otra del 43%. Tenemos que encontrar un punto medio, pero lo importante es ponerlo en práctica y tener capacidad rápida de adaptarnos a ese nuevo contexto”.
A FUEGO LENTO
Tal como publicó DIARIO EXTRA en su edición del miércoles 22 de enero, el legislador oficialista e impulsor de la iniciativa, Welmer Ramos González, denunció bloqueos por parte de algunos congresistas para evitar que el proyecto que busca poner límites a las tasas de usura pueda avanzar en la Comisión de Hacendarios.
Dijo que, si bien los insumos de entidades como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central son valiosos, la labor de ellos como representantes del pueblo es tener la capacidad de leer qué les conviene más a los ciudadanos y no solo al sector financiero.
Lo anterior luego de que la Sugef sugiriera una nueva tasa de usura para el proyecto que discuten los diputados dejándola en un 45% para consumo.
Es decir, tres puntos más que la propuesta que la propia Sugef propuso en noviembre.
Pero, además, según el documento que fue entregado a los legisladores, la Sugef cree que se debe establecer una tasa exclusiva para los llamados microcréditos, que sería del 61%, esto ante el riesgo de dejar a muchas personas fuera del mercado financiero formal.
