La noche de este miércoles la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el proyecto del presupuesto de la República para el año 2020 por un monto de 10,5 billones de colones y debe ser aprobado antes de finalizar el mes de noviembre en el plenario.
El monto aprobado es 4,3% menor al del año en curso, que fue de ¢10,9 billones, siendo el mayor recorte al gasto corriente del gobierno en los últimos 10 años.
Este nuevo presupuesto se financiará con un 52% de impuestos y un 48% de deuda.
Las remuneraciones, una menor creación de plazas y la amortización del servicio de la deuda permitieron la disminución en el presupuesto del siguiente año.
MOCIONES REVERTIDAS
Además, de la modificación de los ¢35.000 millones para el FEES, que se logró mediante una moción del PAC, también se revirtió una moción impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para recortar ¢265 millones del presupuesto de instituciones como la Cancillería General, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial de la partida de alimentos y bebidas.
Según el diputado Rodolfo Peña, impulsor de la moción, el objetivo era que estos recursos se destinaran a la amortización de títulos valores internos de largo plazo.
Sin embargo, la diputada oficialista Laura Guido explicó que dichos recursos los usa la Cancillería para atender reuniones de sus funciones y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, envió una carta a la comisión para defender los aportes.
Finalmente, esto pesó en la mayoría y se revirtió la moción.
Los que sí perdieron fue el Centro de Cine Costa Rica, al que se le recortaron 100 millones de colones.
LÍMITES A LA EJECUCIÓN
También la mayoría de los diputados aprobó otra moción que establece 18 normas presupuestarias en aras de la transparencia, precisión, control y evaluación del Presupuesto Nacional 2020.
“Enfatizamos en las normas presupuestarias con el fin de generar contención del gasto, reducción del déficit primario y fiscalización de recursos ya que nos hemos encontrado que en algunos ministerios quedan desfinanciadas subpartidas para contratos ya existentes, lo que evidencia la mala presupuestación inicial”, explicó la presidenta del foro legislativo, la liberacionista Ana Lucía Delgado.
Entre las normas destaca que durante el ejercicio económico 2020, los órganos que conforman el presupuesto nacional no podrán destinar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas que pertenecen a las partidas de gasto corriente 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras ni entre ellas, excepto que sean del mismo programa o para imprevistos.
“En la ejecución del presupuesto no se pueden transferir sobrantes o remanentes de las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros o transferencias corrientes a otras partidas sin que pasen por la Asamblea Legislativa, para que sea por este órgano su respectiva aprobación. Ya lo hicimos este año y lo queremos mantener para el ejercicio presupuestario del próximo año 2020”, comentó la socialcristiana María Inés Solís.
Asimismo, todos los recursos asignados a gasto de capital durante el 2020, con excepción de las transferencias a las municipalidades y Concejos Municipales de Distrito, deberán formar parte de uno o varios proyectos formalmente elaborados y entregados ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), que tendrá la obligación de custodiar dichos expedientes y revisar su avance.
De igual forma, se establece la obligación al Gobierno de la República para que los ahorros producto de canjes y reestructuraciones de deuda estén en la obligación de ser reducidos del presupuesto y no impacten el déficit fiscal.
Estas disposiciones buscan evitar un nuevo “hueco presupuestario” como ocurrió en la administración Solís Rivera, cuando se realizó pagos de obligaciones de deuda sin tener contenido económico.
