El diputado socialcristiano Pablo Abarca presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 5 de la Ley N° 9.416 “para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal” con el fin de que las sociedades jurídicas no tengan que presentar año a año el registro de accionistas.
Este registro entró a regir en setiembre del 2019 para los primeros contribuyentes. La ley obliga a las personas jurídicas a suministrar, a través de sus representantes legales, información sobre la composición de su capital social y beneficiarios finales.
Pero según Abarca el trámite se ha vuelto más que engorroso, ya que la norma establece que la declaración debe hacerse cada año, aunque la conformación de la compañía y su capital se encuentre invariable con respecto al año anterior.
“Para corregir lo anterior he presentado un proyecto que amplía la periodicidad de manera que la declaración no se convierta en un requisito repetitivo e innecesario”, comentó el legislador.
EXCEPCIONES
El proyecto establece que la sociedad sí deberá presentar la declaración anualmente cuando la persona jurídica presente cambios en las participaciones superiores al 15% de su capital accionario.
Además cuando se modifique el monto del capital social de la persona jurídica o estructura jurídica y se varíe la representación legal de la persona jurídica.
Es decir, el registro solo se presentaría una vez siempre y cuando estas condiciones no se presenten.
“El sistema tributario costarricense requiere normas que garanticen un control estricto para erradicar las prácticas de fraude fiscal, pero a la vez es necesario que dichas normas se elaboren de una manera racional y que no se conviertan en una obligación que prive de sentido y necesidad, como la medida en cuestión”, indica el texto del proyecto en sus justificaciones.
YA ES LEY
Esta semana se publicó en el diario oficial La Gaceta la ley que los diputados aprobaron en segundo debate, la cual establece una moratoria de 2 meses a las sanciones que impone no presentar la declaración.
La ley establece multas de ¢1,3 millones a ¢45 millones a las sociedades que no presenten la información a tiempo.
De las 288 mil declaraciones que se esperaban se han recibido 168 mil, según datos de Tributación.
