En solo nueve meses se reportaron 554 víctimas de este delito. La mayoría son hombres jóvenes y pobres. Estas son la mayoría de las lesiones infligidas: golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos.
En los primeros 9 meses del año se denunciaron 34 casos de torturas que incluyeron a 554 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos, informó la organización de derechos humanos Provea.
Estos daros son el resultado de un monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y septiembre de 2019.
Esta cifra representa un aumento de 508,25% en el número de víctimas contabilizadas respecto a los 12 meses del año 2018, cuando se reportaron 109 personas torturadas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.
La mayoría de las personas torturadas (98,55%) fueron hombres, jóvenes y pobres. Las edades de las víctimas varían entre los 18 y los 50 años. La mayoría de las lesiones infligidas son golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos.
Del total de víctimas contabilizadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 408 (73,64%) fueron personas privadas de libertad vinculadas por la comisión de delitos comunes; 124 (22,38%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra Nicolás Maduro, y otras 22 personas (3,97%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
21 personas murieron entre los meses de enero y septiembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. 19 de las muertes registradas se produjeron en Centros de Detención Preventivos (CDP) bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y policías regionales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Después de tres años, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. El CICPC cierra septiembre de 2019 con un total de 8 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 258 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 46,57% del total de casos registrados en los primeros 9 meses del año.
La DGCIM se ubica en segundo lugar con 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (22,38%); este es un notable incremento en cuanto al número de víctimas ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018, un aumento de 165%.
Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios se ubican en tercer lugar con dos casos que involucran a 101 víctimas de torturas (18,23%) ocurridas en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara y en la Cárcel Modelo de Barcelona, en Anzoátegui. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue señalada de haber torturado a 46 personas (8,3%), en su mayoría personas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.
En el estado Carabobo se concentra la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (36,28%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 181 víctimas (32,67%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupa el tercer lugar con 101 víctimas (18,23%) torturadas en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona y la Subdelegación del CICPC en El Tigre.
