SECTOR PRODUCTIVO ALEGA QUE MÁS IMPUESTOS NO SON LA SOLUCIÓN
Más del 80% de la contaminación en los océanos del planeta es plástico.
El proyecto de ley impulsado por la diputada oficialista Paola Vega, que pretende cobrarle un impuesto al uso del plástico levanta polémica, por el impacto económico que traerá.
De acuerdo con la legisladora, la idea es cobrarle un tributo a los empaques o embalajes de este producto y luego con esos recursos crear un fondo para financiar proyectos que revaloricen el plástico.
Según un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), determinó que de aprobarse el proyecto de Ley, número 21.159 las personas más ricas pagarían más por este impuesto que las más pobres.
Asimismo, los efectos positivos se verían sobre actividades económicas de manufactura como: papel, metal, cemento, cal y yeso; los negativos recaerían sobre las actividades inmobiliarias, de construcción, minas y canteras.
“Además de desincentivar el consumo de plástico, el proyecto proveería un capital de trabajo para fondear el proceso de transición que necesita la industria nacional de plásticos para reinventarse y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva y creciente demanda de Brandon Flores reactivando así la economía y generando nuevos puestos de trabajo verdes”, explicó José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD.
Además, el informe señala el impacto de dicho impuesto de esta forma:
1. El impuesto afectaría en forma absoluta más a los hogares en los deciles más ricos. Sin embargo, en forma relativa al ingreso, el impuesto afectaría más a los deciles más bajos.
2. Se calcula que el gasto per cápita de un hogar del decil más pobre aumentaría entre ¢269 lo que representa un 0.19 % del ingreso per cápita mensual del hogar (escenario más realista) y ¢584 que representa un 0.40 % del ingreso (escenario más pesimista).
3. El decil más rico por su parte pagaría entre ¢710 colones que representa un 0.03% del ingreso mensual per cápita del hogar (escenario más realista) y ¢1471 que representa un 0.06 % del ingreso (escenario más pesimista).
“Los resultados son bastante esperanzadores y nos dice que en el peor escenario, que es casi imposible que pase, el sector más pobre aumentaría su gasto mensual en ¢600, pero en el escenario más realista, el sector más pobre del país tendría que pagar solamente ¢200 más por mes, que equivale un 0,19% de su ingreso mensual; esto nos dice que a nivel de costo de la vida el proyecto es mesurado”, manifestó la diputada Paola Vega en un vídeo en sus redes sociales.
¿Cuál es la polémica?
Mientras esto ocurre, la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (Aciplast) considera que el proyecto es un “paquete tributario más que impuesto verde”.
Hace algunos días, esa institución presentó un informe en el consideró que dicho gravamen subiría un aumento del 2% en la Canasta Básica.
“Más preocupante para Aciplast es ver que el proyecto de la diputada Vega carece de respaldo técnico. Siguiendo el ejemplo de la bolsa de galletas, este empaque es plástico debido a las propiedades de este material como barrera al oxígeno y a la humedad, lo que da una vida útil de 3 a 9 meses al producto y permite que esas galletas lleguen crujientes a nuestras mesas y en óptimas condiciones de asepsia y salud pública”, explicó la Asociación.
Por otro lado, para la Unión de Cámaras Empresariales (Uccaep) considera preocupante que con mucha frecuencia se esté acudiendo a la creación de nuevos tributos, tasas, cánones y otros (es decir a través de una mayor carga impositiva), como una forma de mitigar distintas problemáticas de país.
“El origen del problema es la forma en que la población en general desecha los residuos plásticos y no la producción del plástico per se, por lo que encarecer el costo de producirlo no es la vía adecuada de atender la situación.
Creemos como sector que como país se debe trabajar en contar con otras herramientas que promuevan la obligatoriedad de los municipios de efectuar una recolección separada de los residuos, a fin de garantizar una disposición adecuada de los mismos”, manifestó Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep.
La industria alimenticia también se mostró en contra del proyecto de ley. “El problema de la contaminación de cualquier tipo no es una responsabilidad extendida al productor, sino una responsabilidad compartida por todos los miembros de nuestra sociedad, por lo que las soluciones legislativas que se discutan deben buscar un sano equilibrio entre ambiente, producción y empleo, característica que extrañamos de la gestión legislativa actual. Por tal motivo, nos preocupan las iniciativas de ley que, lejos de aportar soluciones reales, introducen un abordaje que demoniza el material y castiga a la actividad comercial, como mecanismo para reducir el consumo”, aseveró Mauricio Musmanni, presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria.
No obstante, la legisladora Vega rechazó estos comentarios, asegurando que el impuesto se redistribuye en toda la cadena productiva y aseveró que la idea además es generar un nuevo elemento de competencia en el mercado: alternativas sostenibles de empaques.
