Aunque se aferró al puesto en medio de críticas por hacinamiento penitenciario, las fallas en el monitoreo de privados de libertad con tobilleras electrónicas y las estadísticas dadas a Naciones Unidas, la ministra de Justicia, Marcia González, quedó, por fin, fuera del Gobierno.
Esta semana, el medio digital AmeliaRueda.com expuso que una sociedad presidida por González se retrasó por años en el pago del impuesto solidario a las casas de lujo.
De acuerdo con la investigación periodística, la abogada corrió a ponerse al día una vez que la prensa pidió la información sobre la deuda.
Fiel a su estilo, ayer, González convocó a una conferencia de prensa donde se defendió y dijo haber cometido un error, pero que ya lo había subsanado.
«Reconozco que cometí un error y ya pagué», manifestó la también expresidenta del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), quien fue una de las figuras más activas y de confianza en la campaña electoral de la agrupación para el 2018.
A pesar de su resistencia a dejar el cargo, esta mañana trascendió la renuncia de González, la cual fue confirmada por el presidente Carlos Alvarado. El mandatario se encuentra de gira por Orotina.
«Doña Marcia dijo que iba a poner su cargo a disposición. Yo le dije que agradecía eso y le acepté su renuncia», anotó Alvarado en sus redes sociales. A pesar de los cuestionamientos, el presidente siguió defendiendo a González por haber pagado su deuda.
He recibido la renuncia de la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González. Agradezco su labor y aporte en nuestro gobierno por construir una sociedad más justa e inclusiva.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 7, 2020
Apenas en el segundo semestre del año pasado, Marcia González enfrentó una fuerte pugna con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la oposición en la Asamblea Legislativa, por errores en el sistema de monitoreo electrónico de reos.
La ESPH reveló fallas en el seguimiento del 40% de los beneficiarios de los aparatos electrónicos. Según la compañía, había problemas para monitorear a 596 de 1.515 personas condenadas. Luego de semanas de diferencias y ataques de uno y otro lado, Justicia y la Empresa pactaron una solución.
